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40 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
como una resolución de las reclamaciones de derechos territoriales que
han sido durante mucho tiempo un asunto en negociación entre los sami
y el gobierno. Sin embargo, la adopción del Estado de Finnmark sin tal
acuerdo equivale a una expropiación de derechos reconocidos en sentencias
judiciales en Noruega y en el Convenio.
En consecuencia, la dificultad ha estado en establecer un procedimiento
que pueda conseguir el consentimiento que se pide en el Convenio
169 de la OIT pero que también exige el Parlamento Saami. Por el momento,
no se ha presentado ninguna propuesta sobre la cuestión, y uno
de los obstáculos ha sido la falta de reglas de procedimiento dentro del
marco constitucional noruego para hacer frente a este requisito.
Hay señales de que habrá una propuesta preparada durante la primavera
de 2005, y puede cumplirse la ambición de haber completado la
Ley de Finnmark antes de las elecciones parlamentarias de septiembre
de 2005, que son tanto del Parlamento noruego como del saami. El riesgo
aparente es que sea pospuesta, pero quizá merezca la pena esperar.
La difícil tarea de encontrar una solución a la actual Ley de Finnmark
ha conseguido, de todos modos, plantear la discusión general de cómo
encontrar formas de manejar las dificultades entre el Gobierno noruego
y el Parlamento Saami. Hasta ahora, Noruega se ha negado a usar el
término negociaciones e insiste en usar el término consultas en su relación
con el Parlamento saami. A corto plazo, esto puede parecer un simple
juego de palabras, pero muestra una preocupante falta de reconocimiento
fundamental de la contraparte saami como titular de derechos que no
pueden ser anulados por decisiones políticas arbitrarias del estado.
En estos momentos se mantienen conversaciones entre el gobierno
de Noruega y el Parlamento Saami sobre el establecimiento de reglas
de procedimiento mutuamente acordadas para resolver disputas. Estas
conversaciones no son públicas, y está aún por ver si estas reglas se
materializarán en el futuro próximo. El Convenio 169 estipula, hasta
cierto punto con bastante detalle, que el Estado parte debe alcanzar el
acuerdo, o consentimiento, del pueblo indígena en cuestión, especialmente
a través de sus organizaciones representativas reconocidas. Lo
interesante será ver cómo Noruega piensa alcanzar ese acuerdo sin negociaciones.