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ASIA DEL ESTE Y SURESTE
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Por lo tanto, la orden puso tanto a la Comisión Nacional para los Pueblos
Indígenas como a la Comisión Presidencial para los Pobres Urbanos
(PCUP – encargada de los asuntos de los pobres urbanos) bajo la
órbita del Departamento de Reforma de la Tierra. Ambas comisiones
estarían bajo la “supervisión y el control” del DLR.
¿Estaba autorizada la presidenta para realizar una reorganización
tan vasta? Siguiendo varias leyes, parecería que sí. Los voceros del Gobierno
rápidamente resaltaron las ventajas de la reestructuración. Para
tanto la NCIP como la PCUP estaba la posibilidad de tener acceso a los
billones de pesos recuperados del dinero mal ganado (del régimen de
Marcos, 1972-1986) que el Congreso había asignado para la reforma
agraria. Y también estaba la oferta de aprovechar la muy necesitada
experiencia que el DLR heredaría del Departamento de Reforma Agraria.
La PCUP y los pobres urbanos vieron esta movida como una forma de
finalmente recibir la atención que necesitaban del Gobierno. Por otra parte,
los granjeros estaban recelosos de que este cambio pudiera descarriar
aún más el lento proceso de reforma agraria. El sector indígena se sintió
igualmente molesto. Hasta el jefe de la Asociación del Consejo Tribal de
las Filipinas (TRICAP), cuyos miembros se identifican más con las corrientes
políticas principales, se unió al reclamo popular que exigía la revocación
de la orden ejecutiva de la presidenta o, al menos, la exclusión de
la NCIP de ella. El titular de la NCIP casi fue despedido por la presidenta,
que interpretó su gesto de consultar con los líderes indígenas y las organizaciones
de apoyo como un desafío en su contra. Hasta cierto punto, esta
Orden Ejecutiva incluso tuvo el efecto de unir a los grupos de los pueblos
indígenas y sus defensores, que habían estado divididos entre sí.
Luego de un mes se llegó a un acuerdo -la Orden Ejecutiva 379- que
decía que la NCIP sería simplemente una agencia afiliada al Departamento
de Reforma de la Tierra, en lugar de estar bajo su “supervisión
y control”, como decía la orden anterior. Esto ha apaciguado el descontento
en cierta medida y existe una actitud de esperar y ver qué ocurre,
especialmente en relación a la permanencia de la NCIP como agencia
independiente bajo la órbita del IPRA. Aún existen algunas implicancias
más en relación a esta política. Primero, la NCIP puede beneficiarse
del dinero mal ganado sólo si el Congreso legisla en este sentido y lo