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310 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
medioambientalistas, y se reconfirmó la necesidad de una educación y
promoción más coordinadas y sostenidas en relación a la cuestión minera.
La creación de conciencia y la consolidación comunitaria son particularmente
cruciales para las comunidades indígenas, porque como dijo
un abogado ambientalista, “las comunidades indígenas [donde se encuentra
la mayor parte de las zonas mineras] son la última línea de defensa
contra la minería”. Será más difícil hacer campaña sobre el tema
minero si los pueblos indígenas mismos permiten que la minería se lleve
a cabo en sus dominios ancestrales.
Mientras tanto, la IPRA ha establecido que cualquier proyecto de
desarrollo que se realice o que afecte a las comunidades indígenas debe
tener el libre consentimiento, informado y previo (LCIP) de estas comunidades.
La Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (NCIP), la
agencia gubernamental que está a cargo de los asuntos indígenas, había
promulgado una orden administrativa en el 2002 que indicaba cómo
debían asegurarse el LCIP las corporaciones y organizaciones. Las
corporaciones se quejaron de que el proceso era demasiado largo y
costoso, y el gobierno Macapagal-Arroyo -siempre temeroso de perder
el interés de los inversores- presionó a la Comisión para que acortara
el proceso. Por lo tanto, el tema de que las comunidades otorguen o no
el LCIP se torna particularmente importante en la campaña contra la
minería.
Reestructuración de la Comisión Nacional
El 27 de septiembre de 2004, la presidenta Macapagal-Arroyo promulgó
una orden ejecutiva que perturbó a tres sectores básicos de la sociedad
filipina: los pueblos indígenas, los granjeros y los pobres urbanos.
Macapagal-Arroyo había promulgado la Orden Ejecutiva (EO 364) intitulada
“Transformando el Departamento de Reforma Agraria [DAR] en el
Departamento de Reforma de la Tierra [DLR]”, que apunta a apoyar una
reforma de la propiedad, como una de sus tres medidas contra la pobreza
y a favor de la justicia social. La presidenta entendió la reforma
de la propiedad como algo que incluía no sólo la reforma agraria, sino
la reforma de la tierra urbana y la reforma en los dominios ancestrales.