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ASIA DEL ESTE Y SURESTE 309 prohíbe que las corporaciones extranjeras manejen u operen completamente la explotación, el desarrollo y la utilización de los recursos naturales del país. Este fue un motivo adicional para que el FTAA con esta empresa en particular se declarara nulo. Pero aún si sólo ha sido una victoria parcial, hubo mucho festejo. Hubo una renovación de sinergias entre los pueblos indígenas y los

310 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005 medioambientalistas, y se reconfirmó la necesidad de una educación y promoción más coordinadas y sostenidas en relación a la cuestión minera. La creación de conciencia y la consolidación comunitaria son particularmente cruciales para las comunidades indígenas, porque como dijo un abogado ambientalista, “las comunidades indígenas [donde se encuentra la mayor parte de las zonas mineras] son la última línea de defensa contra la minería”. Será más difícil hacer campaña sobre el tema minero si los pueblos indígenas mismos permiten que la minería se lleve a cabo en sus dominios ancestrales. Mientras tanto, la IPRA ha establecido que cualquier proyecto de desarrollo que se realice o que afecte a las comunidades indígenas debe tener el libre consentimiento, informado y previo (LCIP) de estas comunidades. La Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (NCIP), la agencia gubernamental que está a cargo de los asuntos indígenas, había promulgado una orden administrativa en el 2002 que indicaba cómo debían asegurarse el LCIP las corporaciones y organizaciones. Las corporaciones se quejaron de que el proceso era demasiado largo y costoso, y el gobierno Macapagal-Arroyo -siempre temeroso de perder el interés de los inversores- presionó a la Comisión para que acortara el proceso. Por lo tanto, el tema de que las comunidades otorguen o no el LCIP se torna particularmente importante en la campaña contra la minería. Reestructuración de la Comisión Nacional El 27 de septiembre de 2004, la presidenta Macapagal-Arroyo promulgó una orden ejecutiva que perturbó a tres sectores básicos de la sociedad filipina: los pueblos indígenas, los granjeros y los pobres urbanos. Macapagal-Arroyo había promulgado la Orden Ejecutiva (EO 364) intitulada “Transformando el Departamento de Reforma Agraria [DAR] en el Departamento de Reforma de la Tierra [DLR]”, que apunta a apoyar una reforma de la propiedad, como una de sus tres medidas contra la pobreza y a favor de la justicia social. La presidenta entendió la reforma de la propiedad como algo que incluía no sólo la reforma agraria, sino la reforma de la tierra urbana y la reforma en los dominios ancestrales.

ASIA DEL ESTE Y SURESTE<br />

309<br />

prohíbe que las corporaciones extranjeras manejen u operen completamente<br />

la explotación, el desarrollo y la utilización de los recursos naturales<br />

del país. Este fue un motivo adicional para que el FTAA con esta empresa<br />

en particular se declarara nulo.<br />

Pero aún si sólo ha sido una victoria parcial, hubo mucho festejo.<br />

Hubo una renovación de sinergias entre los pueblos indígenas y los

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