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308 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
cursos naturales como bosques y metales. Debido a que la tala de árboles
ha arruinado los bosques de las Filipinas y ha provocado que disminuyeran
de 17,1 millones de hectáreas en 1934 a 5,39 millones de
hectáreas en 1996, los bosques no revisten un gran interés para los inversores.
El Gobierno filipino en particular siente que la economía desgastada
podría arrancar si se lograra atraer inversores extranjeros hacia
las posibilidades de minería en el país. Según un informe de un
funcionario del Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales
(DENR), las Filipinas ocupan el tercer lugar en el mundo en yacimientos
de oro, el cuarto en cobre, el quinto en níquel y el sexto en
cromita (medidos en términos de la cantidad de recursos minerales
por unidad de área).
La minería perjudica a las comunidades indígenas de al menos dos
maneras: no sólo destruye el medioambiente natural del cual usualmente
derivan su subsistencia, sino que, además, quienes cosechan los
beneficios económicos son mayormente inversores y trabajadores externos
a sus comunidades.
Una decisión crucial de la Corte Suprema
A principios de 2004, la minería empezó a destacarse como preocupación
de los indígenas cuando la corte más alta del país, la Corte Suprema, falló
a favor de una petición hecha por una comunidad b’laan en el centro sur
de Mindanao, en relación a un acuerdo de asistencia financiera y técnica
(FTAA) entre la Western Mining Corporation (una empresa australiana) y
el Departamento de Medioambiente y Recursos Humanos (DENR). Las
comunidades que se verían afectadas por la explotación minera exigían
que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Minería
de 1995, cancelara el FTAA y evitara que el DENR procesara cualquier
otro pedido de FTAA.
Se entiende a menudo pero equivocadamente que esta decisión de la
Corte Suprema invalidó la Ley de Minería de 1995. Lamentablemente, esto
no es así. Sólo estuvo de acuerdo en que el FTAA otorgado a la corporación
minera en este caso en particular era un contrato de servicios, lo cual
está prohibido por la Constitución filipina. La Constitución, asimismo,