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284 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
cuestión sin resolver de la propiedad comunal ainu, el limitado reconocimiento
legal de los derechos ainu y la exclusión de los ainu del
proceso de candidatura de una parte sustancial del territorio ainu como
lugar “Patrimonio de la Humanidad” bajo la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNES-
CO.
Los ainu presentaron recientemente una demanda ante la Corte Suprema
de Japón, después de que tribunales de menor rango sentenciaran
en contra de su demanda de malversación por parte del gobierno de
Hokkaido de la propiedad comunal ainu. Están en juego importantes fondos
comunitarios, derivados de la práctica del Gobierno japonés de poner
los ingresos ainu procedentes de transferencias de tierras, cooperativas
pesqueras y agrícolas, bajo el control de las municipalidades locales (controladas
por japoneses) a finales del siglo XIX. La propiedad comunal se
consolidó después bajo el gobierno de la prefectura de Hokkaido a través
de disposiciones en la llamada Ley de Protección de los Antiguos Aborígenes
de Hokkaido de 1899. Las pruebas documentales de descuidos verdaderos
del gobierno son, sin embargo, escasas y a veces faltan documentos de
décadas enteras.
Casi cien años más tarde, unas disposiciones complementarias en
la Ley de Promoción de la Cultura Ainu del Gobierno de Japón de 1997,
estipularon que toda la propiedad comunal que quedaba debía ser devuelta
a los Ainu. Sin embargo, como en el pasado, el Gobierno no
consultó con la comunidad ainu. Por el contrario, estableció unilateralmente
procedimientos para tratar las demandas de propiedad comunal
y limitó el proceso completo de restauración a un solo año. Sin
evaluar de forma adecuada los fondos o su gestión, el Gobierno está
ofreciendo sólo una fracción del valor real de la propiedad comunal
perdida.
La historia de la malversación de los fondos comunales por el gobierno
de la prefectura ha sido el centro de un caso judicial y una serie de
apelaciones contra el gobernador de Hokkaido. Citando violaciones de
sus derechos humanos, los demandantes exigen compensación justa. El
Tribunal de Distrito de Sapporo falló a favor del gobierno, argumentando
que los demandantes no habían sido perjudicados en el proceso. Varios
demandantes viajaron a Tokio en noviembre de 2004 con más de 6.300