Descargar (pdf) - iwgia

228 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
dencia se enclavan geográficamente en regiones de asentamiento indígena.
La industria forestal en el 2004 aumentó sus exportaciones en un
33%, con cifras de más de US$ 3 mil millones de dólares, sus proyecciones
para el año 2010 indican que el sector podría exportar hasta US$
4.800 millones y tener inversiones por unos US$ 3.200 millones. Esto
implicará una demanda de nuevas plantaciones a cifras de 100.000
hectáreas anuales y significará una feroz presión sobre las tierras mapuche
y sus microcuencas y el definitivo rediseño regional. En esa dirección
apuntan los planes regulares regionales e intercomunales,
aprobados en el 2004, que consolidan la reclasificación de los espacios
del sur de Chile iniciada hace dos décadas, funcionalizando las estructuras
espaciales a los requerimientos de las industrias de enclave forestal
y turística.
Para enfrentar las resistencias sociales, la industria forestal ha realizado
un fuerte lobby para mantener políticas represivas hacia los mapuche,
al mismo tiempo desactivó las campañas internacionales de
denuncia que sostenían ecologistas donde la situación mapuche era un
argumento. Las principales empresas forestales pactaron con un grupo
de ONG ecologistas chilenas y norteamericanas, a fines de 2003, las
que deponían su campaña, a cambio de la promesa empresarial de moratoria
de la tala de bosque nativo y aplicación de certificación forestal.
A fines de 2004 los ecologistas comprueban con estupor, que la nueva
planta de celulosa de sus socios en Valdivia ha provocado con sus desechos
una tragedia ambiental de proporciones, en un humedal protegido
por la Convención de Ramsar y principal refugio de cisnes de
cuello negro del Cono Sur. Para salvar el humedal y a los cisnes, la
empresa propone desviar el ducto de desechos a las costas mapuchelafkenche.
En el 2004 se configuraron también nuevas situaciones de potencial
conflicto: reformas a los regímenes propietarios de recursos naturales
(suelos, aguas, riberas, minería) y propiedad intelectual, como parte de
las obligaciones contraídas en los TLC. Se inició la formulación de un
proyecto de ley que desregula y liberaliza el acceso a los recursos genéticos
y conocimientos tradicionales. Sus promotores (ODEPA-Oficina
de Estudios y Políticas Agrarias y Ministerio de Agricultura) descartan