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224 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
en términos de programas ni recursos a lo ya existente (Programa BID
y fondos CONADI 2 ). La política contempla también un conjunto de
instrucciones para el aparato público, las cuales, exhiben un escaso nivel
de cumplimiento, aplicándose el viejo lema de “se acata pero no se
cumple”. Es el caso de la instrucción de la obligación de consulta a los
indígenas en los procesos de inversión, la que en rigor está establecida
en el artículo no.34 de la Ley Indígena, y que sigue siendo sistemáticamente
omitida.
El anuncio de la nueva política se vio eclipsado, además, por hechos
coetáneos a su presentación. A la persecución judicial ya señalada,
se sumó el desaire del presidente de la República a más de cinco
mil lafkenches que lo esperaban en el lago Budi en reunión previamente
convenida (10 de marzo de 2004), para hacerle entrega de sus propuestas
de protección de derechos al borde marino. Semanas más tarde
en el Alto Bio Bio, la empresa ENDESA tomó la decisión de adelantar
el llenado del embalse de la central Hidroeléctrica Ralco, inundando
el cementerio de Quepuca Ralco antes de que las familias pehuenches
pudieran rescatar los restos de sus ancestros. La inundación del
cementerio pehuenche y del valle, ante la indolencia de las autoridades,
y el incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones contraídas
en el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 3 en octubre de 2003, es
el sello de escarnio de uno de los casos emblemáticos de violación de
los derechos indígenas en la transición democrática. ¿Cuál es el nuevo
trato? preguntaron los indígenas.
Las políticas públicas indígenas: el cambio discursivo
La innovación de la política de “nuevo trato” radica en el plano discursivo.
Se incorpora al lenguaje oficial las nociones del reconocimiento de
derechos de los pueblos indígenas, la restitución de tierras, y la reparación,
como principios de la política indígena. Esta modificación del discurso
oficial no es un asunto menor. Debe recordarse que, a inicios de
la transición democrática, el discurso de los derechos indígenas y autonomía
fue brutalmente reprimido, y el indigenismo oficial opuso des-