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222 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
proceso. Se suma a ello la condena del dirigente Víctor Ancalaf y una
campaña de prensa de sesgo racista. Simultáneamente se preparaba el
juicio por “asociación ilícita terrorista” de una decena de miembros de
la Coordinadora Arauco Malleco.
En el área de la agenda de gobierno, el Ejecutivo postergó hasta el
mes de abril el anuncio de una “nueva política”, que reemplazara la
agotada política forjada al inicio de la transición. A ese propósito había
constituido una comisión asesora a fines de 2001, bajo el nombre de
“Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato”. Dicha instancia, necesario
es aclararlo, no guarda ninguna semejanza con respecto al modelo
internacionalmente prestigioso de las Comisiones de las Verdad, ni en
términos de su mandato, composición, procesos y contextos de justicia
en transición; por el contrario, dicha Comisión careció de aquellos atributos
esenciales, y funcionó desligada de la realidad contingente, en
uno de los periodos de mayores violaciones de derechos humanos de los
indígenas. La carencia de autoridad y carácter vinculante de las recomendaciones
elaboradas por esa peculiar Comisión chilena, entregadas
en octubre de 2003, dejó en evidencia al propio Ejecutivo, quien tardó
más de lo comprometido en responder a las mismas, y, al fin, desestimó
las recomendaciones sustantivas que había hecho la comisión.
El 16 de abril de 2004, el Gobierno presentó su propia versión de
“Política de Nuevo Trato”. Ésta consta de tres directrices principales: a)
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, expresado
en la promesa de insistir en la sempiterna reforma constitucional que
establece la existencia de los pueblos indígenas y en la postergada ratificación
del Convenio 169 de la OIT; b) una política de reducción de la
pobreza, denominada “desarrollo con identidad”, expresada en el programa
de desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-Orígenes);
la continuación de los programas de “restitución de tierras”
para los indígenas y c) la adecuación del Estado a la diversidad cultural.
En términos prácticos, la Política de Nuevo Trato ha sido considerada
como “más de lo mismo”. La directriz de reconocimiento de derechos
plantea una iniciativa de reconocimiento constitucional inconsulto y
de contenido vacuo, y en la práctica, de abril a diciembre de 2004 no
hubo ningún paso efectivo de avanzar ni en la reforma constitucional,