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216 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
una comisaría y bajo aplicación de torturas fueron obligadas a firmar
declaraciones en su contra. El procedimiento policial se llevó a cabo
con la presencia del juez Dr. Héctor Ricardo Shur, el procurador general
de justicia Dr. Carlos Ontiveros y altos jefes policiales, quienes respaldaron
y encubrieron el accionar policial. Al día siguiente de la denuncia
penal efectuada por la comunidad, sin disponer ni llevar a cabo
ninguna medida probatoria, la Fiscalía dictaminó que debía desestimarse
la denuncia en contra de los magistrados. Finalmente, a fines de
junio de 2004, se dictó el sobreseimiento definitivo de los demás imputados
por entender que los hechos denunciados no constituían delito.
En vista de la falta de justicia la comunidad acudirá a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para denunciar al Estado argentino
por la violación de sus derechos humanos.
La deuda con los indígenas tendrá que esperar turno
“Pensábamos que este gobierno era distinto porque la vez pasada la
ministra Alicia Kirchner nos dijo que el presidente quiere trabajar para
todos nosotros. Dijo que su palabra era igual a la de un cacique. Ahora
estamos desilusionados. Cometimos el error de confiar”. Así es como
siente la comunidad Guaraní de El Tabacal que se protegen sus derechos.
Reclaman un territorio de uso tradicional de 5.000 hectáreas, en
Orán (Salta) conocido en la zona como La Loma. Estas tierras están
formalmente tituladas a nombre del Ingenio San Martín de El Tabacal
quien nunca las usó con fines productivos. El Gobierno nacional se
había comprometido a expropiar las tierras para su devolución a la
comunidad, pero luego reconoció que “no puede” pagar esta deuda
histórica porque tiene un “listado enorme de conflictos y deudas a los
cuales destinar sus recursos”. Es obvio, entonces que los indígenas no
figuran en ese listado. Como solución el Estado les ofrece hacerse cargo
del costo de un servicio jurídico para que la comunidad inicie un
juicio de prescripción adquisitiva contra la dueña del Ingenio, la Seabord
Corporation. Esta empresa que mantiene una disputa con la comunidad
del pueblo Kolla de San Andrés y la de Río Blanco, ambas en
Orán, responde con represión a los reclamos, amparándose en un sis-