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214 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
ser propietario de esas tierras. No obstante, la Cámara de Apelaciones de
Bahía Blanca consideró que los derechos debatidos correspondían a la Comunidad
Marifil. A pesar de este fallo judicial favorable, la comunidad
nunca recibió el título de propiedad. Peor aún, en 1992 el estado provincial
le inició al Sr. Lapolla un juicio de ejecución por cobro de impuestos y
en ese marco, se resuelvió subastar las tierras, haciendo constar el funcionario
actuante que las mismas se encontraban “libres de ocupantes”. No
se tuvo en cuenta que la comunidad Marifil, legítima dueña y ocupante
tradicional de las tierras ni siquiera fue notificada de la venta. La paradoja
es que los nuevos compradores vendieron, a su vez, sus derechos como
adquirentes a una empresa financiera, pero (felizmente) ésta no ha podido
tomar posesión de las tierras, justamente por la realidad de la ocupación
tradicional de la comunidad Marifil, aunque la incertidumbre sobre lo
que pueda acontecer en el futuro es grande.
Comunidad Yriapú (Provincia de Misiones)
El Gobierno de la Provincia de Misiones, alegando la necesidad de
realizar un plan estratégico de desarrollo turístico y modernización de
servicios pretende despojar a la comunidad Yriapúde la tierra que ocupa
ancestralmente. En marzo de 2003, el Consejo Deliberante de la ciudad
de Puerto Iguazú adhirió al Plan Maestro Provincial, el que reserva
para la comunidad tan sólo 62 hectáreas de las 600 que viene ocupando
desde tiempos inmemoriales. Frente a ello, la comunidad ha
iniciado gestiones para obtener la titulación por las 600 hectáreas. El 17
de diciembre de 2003, se firma un acta acuerdo entre la comunidad de
Yriapu y el Gobierno de la Provincia de Misiones, por el cual el Gobierno
provincial se compromete a otorgar el titulo de propiedad dentro
de los 60 días hábiles a contar desde la fecha del acta y a reconocer a la
comunidad indígena de Yryapú la posesión y propiedad ancestral de
265 hectáreas. En julio de 2004, el Gobierno de la Provincia de Misiones
no había cumplido con el acuerdo ni titularizado las tierras de la comunidad.
Como consecuencia de ello la comunidad ha sufrido intentos
de desalojo e inclusive el incendio de algunas de sus viviendas.
Existen insistentes versiones de la intención del Gobierno de instalar