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210 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
Propuestas desde el Estado
Las autoridades argumentan que Argentina ha sufrido una profunda
crisis económica, social y política, de la cual se está intentando salir: a
los altos índices de pobreza, indigencia, desempleo y exclusión social
se suma la presión de los acreedores externos. En este contexto el alcance
de los derechos constitucionales y la posibilidad cierta de ejercerlos
se tornan en la principal meta de las organizaciones sociales de
base, en tanto la intervención estatal se restringe a la provisión de asistencia
social a través de programas focalizados para paliar los efectos
de la crisis, sin tomar en cuenta la diferencia cultural.
Si nos detenemos a analizar el papel de los tres poderes del Estado
en materia de derechos indígenas advertimos que hasta el momento
es escaso el cumplimiento del mandato constitucional. Al día de hoy
no existe una política federal efectiva que permita el ejercicio del derecho
a la tierra y sus recursos naturales, el INAI no reviste el estatus
legal que le corresponde, los pueblos indígenas carecen de participación
en el sistema político. Las intenciones legislativas de reforma del
marco legal vigente, son lentas e insuficientes. Algunos proyectos
presentados en 2004 corren el riesgo de quedar en meras expectativas
si no reciben urgente tratamiento legislativo. El poder judicial parece
más permeable a las demandas indígenas en algunos casos y exageradamente
retrógrado en otros.
Existen actualmente en el Parlamento nacional varios proyectos
de ley sobre “emergencia de la propiedad comunitaria indígena”
cuyo propósito es, en un período de años, proceder a la demarcación
y titulación de los territorios indígenas. Si bien estas
iniciativas pueden ser vistas como positivas, no es posible reparar
el despojo histórico de tierras de que han sido objeto los pueblos
indígenas, sin un estudio riguroso y serio mediante un procedimiento
previo de consulta y participación de todas las comunidades
afectadas.