Descargar (pdf) - iwgia

AMERICA DEL SUR
209
ARGENTINA
En 2004 se cumplió una década del reconocimiento constitucional de la
pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y de los
derechos asociados a sus identidades; es un buen momento, entonces,
para hacer un balance de las implicancias que este reconocimiento apareja
para ellos en primer lugar y para el conjunto de la sociedad nacional
en segundo lugar.
De un lado digamos que si lo que se buscaba con el reconocimiento
de derechos especiales para los pueblos indígenas era un cambio en
la relación entre ellos y el Estado: poco es lo que se ha logrado en
estos diez años. Desafortunadamente, la diferencia cultural que debería
sustentar un tratamiento diferencial en las políticas estatales,
no es tenida en cuenta; se sigue considerando a los indígenas como
un sector de la ciudadanía que viviendo en situación de pobreza
necesita de asistencia social, como si se tratara de un indigente. Esto
se patentiza en la resistencia gubernamental, a implementar eficazmente
una política estatal de titulación de los territorios reclamados.
De lo cual es un síntoma la falta de provisión al Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), de un presupuesto acorde a sus
funciones de agente responsable de la aplicación de los derechos
indígenas. Año tras año, se ha denunciado en El Mundo Indígena el
atraso que lleva la implementación del “Plan Nacional de Regularización
de Tierras Indígenas”, creado en 1996 para tres de las 23 Provincias
argentinas, el cual sólo dio como resultado la entrega en
2004 de tres títulos de propiedad comunitaria en la Provincia de
Jujuy, donde existen más de 150 comunidades de los pueblos Kolla
y Guaraní esperando la decisión gubernamental para poder ejercer
sus derechos territoriales.