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202 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
En este sentido, los múltiples casos de violaciones a derechos de los
indígenas registrados durante el año 2004, demuestran no sólo la persistencia
del cuadro de denegación estructural de derechos ya señalado,
sino además, una caída cada vez más acelerada, cualitativa y cuantitativamente,
de estándares mínimos de protección a derechos, libertades
y garantías reconocidos universalmente por La Declaración Universal
de los Derechos Humanos
Dicha multiplicidad de casos a su vez, no ha estado ajena al sistema
local de protección de derechos humanos, básicamente integrado por
los tribunales nacionales y dependencias administrativas con jurisdicción
en materia indígena. Este sistema fue receptor durante el periodo
2003 – 2004 de reclamos de tutela y reparación estatal provenientes de
comunidades indígenas de ambas regiones del país, pero dado el colapso
del indigenismo oficial y las deficiencias en la administración de
justicia, caracterizan la situación actual - parafraseando a la Corte
Constitucional de Colombia -, como un estado de Cosas Inconstitucional.
La razón de traer a colación dicha figura jurisprudencial, obedece a
la observación de una situación continuada o permanente en los últimos
años en el país, que por un lado es estructural, e importa en consecuencia
un menoscabo permanente a la dignidad humana. Por otro
lado, esta situación presenta una cualidad que quizás no ha sido señalada
a menudo, y es la emergente de las consecuencias erga omnes para
las comunidades indígenas de la falta de respuesta estatal a las demandas
legales para remediar dicha situación, sea ante órganos judiciales,
administrativos o legislativos.
El hecho es que frente a dichos reclamos, el Estado no sólo no ha
reparado determinadas situaciones antijurídicas, como ser la privación
de los indígenas de sus tierras; sino además ha continuado la realización
de acciones u omisiones lesivas de derechos constitucionales, tales
como no asignar fondos para la restitución de tierras, o incluso,
desalojos o desplazamientos forzosos.
Por ello, es dable afirmar que la violación de derechos constitucionales
de los indígenas en Paraguay, tales como la tierra, la identidad
cultural, la vida e integridad personal, ha alcanzado un nivel tan alto
que no deriva ya de un único acto u omisión estatal, sino de un conjun-