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AMERICA DEL SUR 193 condición de sujetos colectivos y la integralidad de derechos que les corresponden: territoriales, culturales y de autodeterminación. La base de sustentación de los derechos indígenas es el reconocimiento formal y acceso efectivo a sus territorios originarios. La legislación agraria boliviana ha asumido como mandato estatal la titulación de las denominadas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a favor de pueblos indígenas, previa ejecución de un procedimiento de saneamiento de tierras o clarificación de derechos agrarios que debe concluirse en un plazo de 10 años contados desde la promulgación de la ley, el 18 de octubre de 1996. Las tierras rurales, objeto de saneamiento, representan 107 millones de hectáreas. Habiendo transcurrido 8 años (80%) del plazo de ejecución del procedimiento, sólo 14 millones han sido saneadas, encontrándose en proceso 37 millones; han sido tituladas y/o certificadas 6.9 millones, 3.2 millones cuentan con resolución final de saneamiento y 3.8 millones han sido declaradas fiscales. Los pueblos indígenas han presentado 216 demandas de TCO, correspondiendo 54 a tierras bajas y 162 a tierras altas. La superficie demandada en tierras bajas alcanza a 24.2 millones de hectáreas, de las cuales sólo se han titulado 5.4 millones. En tierras altas, la superficie demandada se aproxima a los 12 millones de hectáreas, de las cuales, hasta ahora sólo se han titulado 188.103 hectáreas 9 . En los últimos años en el país, la crisis generalizada y el creciente protagonismo indígena en la gestión de los asuntos públicos, les exige trascender sus demandas sectoriales y generar respuestas nacionales. Los temas estratégicos de interés nacional se encuentran expresados en la denominada “agenda de octubre”, que pretende ser contrarrestada por las fuerzas conservadoras concentradas en el Comité Cívico de Santa Cruz, cuya demanda de autonomías departamentales esconde la defensa de los privilegios de las élites, especialmente de terratenientes asociados con empresas petroleras. La agenda de octubre: avances y dificultades En cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Carlos Mesa frente al país, lo más importante del período ha sido la reali-
194 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005 zación del Referéndum vinculante sobre la política energética, llevado a cabo el pasado 18 de julio. No sólo se impuso una consulta y visión nacional, sino que también permitió despolarizar transitoriamente el país y alejar los permanentes rumores de golpe de Estado. Además, logró un importante nivel de participación ciudadana, 2.678.518 sufragantes o sea el 60% del total de inscritos. Sin embargo, lo más importante fue la manifestación expresa del pueblo boliviano de recuperar la propiedad y control de todos los hidrocarburos en boca de pozo, la pregunta no.2 referida al tema recibió 1.788.694 respuestas afirmativas frente a sólo 275.742 contestaciones negativas, de acuerdo a datos de la Corte Nacional Electoral. En lo político, se destaca la reforma de la Constitución Política del Estado, durante el mes de febrero, incorporando mecanismos de participación ciudadana directa como la Asamblea Constituyente para la reforma total de la Constitución, el Referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana (aún no reglamentada). Por otra parte, establece la ruptura del sistema político de partidos al reconocer a las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas como instancias para la formación de la voluntad popular. En septiembre, luego de arduas jornadas populares, se constituyó el “pacto de unidad”, instancia de coordinación que articula más de 40 organizaciones indígenas, campesinas y originarias a nivel nacional. En octubre presentó su propuesta de convocatoria a la Asamblea Constituyente, destacando su caracterización como espacio depositario de la soberanía popular, con alcance nacional, incluyente y participativo, para lo cual propone elegir 258 asambleístas en circunscripciones locales, departamentales y especiales, estas últimas para pueblos indígenas de tierras bajas, dada su dispersión y desventaja electoral. Presentó también sus propuestas para la Ley de Hidrocarburos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, presionada por movilizaciones sociales, recogió gran parte de las demandas sociales elaborando un Proyecto de Ley de Hidrocarburos con los siguientes contenidos relevantes: propiedad estatal de los hidrocarburos en boca de pozo, migración forzosa de contratos de empresas petroleras al nuevo régimen, restitución de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para intervenir en el proceso productivo, incremento de participaciones estatales en los beneficios, obligatoriedad de fomentar la industrialización del país a partir de su matriz energética, priori-
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ha asumido como mandato estatal la titulación de las denominadas<br />
Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a favor de pueblos indígenas,<br />
previa ejecución de un procedimiento de saneamiento de tierras o clarificación<br />
de derechos agrarios que debe concluirse en un plazo de 10 años<br />
contados desde la promulgación de la ley, el 18 de octubre de 1996.<br />
Las tierras rurales, objeto de saneamiento, representan 107 millones<br />
de hectáreas. Habiendo transcurrido 8 años (80%) del plazo de ejecución<br />
del procedimiento, sólo 14 millones han sido saneadas, encontrándose<br />
en proceso 37 millones; han sido tituladas y/o certificadas 6.9<br />
millones, 3.2 millones cuentan con resolución final de saneamiento y<br />
3.8 millones han sido declaradas fiscales. Los pueblos indígenas han<br />
presentado 216 demandas de TCO, correspondiendo 54 a tierras bajas<br />
y 162 a tierras altas. La superficie demandada en tierras bajas alcanza<br />
a 24.2 millones de hectáreas, de las cuales sólo se han titulado 5.4 millones.<br />
En tierras altas, la superficie demandada se aproxima a los 12<br />
millones de hectáreas, de las cuales, hasta ahora sólo se han titulado<br />
188.103 hectáreas 9 .<br />
En los últimos años en el país, la crisis generalizada y el creciente<br />
protagonismo indígena en la gestión de los asuntos públicos, les exige<br />
trascender sus demandas sectoriales y generar respuestas nacionales.<br />
Los temas estratégicos de interés nacional se encuentran expresados en<br />
la denominada “agenda de octubre”, que pretende ser contrarrestada<br />
por las fuerzas conservadoras concentradas en el Comité Cívico de<br />
Santa Cruz, cuya demanda de autonomías departamentales esconde<br />
la defensa de los privilegios de las élites, especialmente de terratenientes<br />
asociados con empresas petroleras.<br />
La agenda de octubre: avances y dificultades<br />
En cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Carlos<br />
Mesa frente al país, lo más importante del período ha sido la reali-