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176 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
nacionales y de aquellas organizaciones no gubernamentales que utilizando
la retórica del ejercicio de los derechos colectivos o de los proyectos
de desarrollo, permean el acceso a territorios indígenas de las
actividades de extracción de petróleo.
Las actividades petroleras se han constituido también en una amenaza
para el entorno de los pueblos en aislamiento voluntario, tales
como los huaorani tagaeri y los taromenane. Ambos pueblos habitan el
Parque Nacional Yasuní, localizado entre las provincias de Orellana y
Pastaza. A través de este territorio, la actividad petrolera demanda la
construcción de una carretera, que junto con las pruebas sísmicas y la
extracción de petróleos amenaza con exterminar a ambos pueblos indígenas.
Un conflicto en ciernes en este contexto es el referido a los agentes
externos. En este acápite se trata de las organizaciones ambientalistas
que han “autorizado” con argumentaciones técnicas el ingreso de
la actividad petrolera en estos territorios de importancia ecológica, al
margen de la vida de las nacionalidades indígenas.
En el centro de la provincia de Pastaza la comunidad kichwa de
Sarayaku sostiene por casi una década un proceso de resistencia ante
la avanzada de las compañías petroleras. En este caso, la petrolera
CGC ha realizado todos los intentos por acercarse a líderes, influenciándolos
y apartándolos de su responsabilidad por la colectividad. De
este modo, ha cooptado algunos espacios organizativos, corrompiendo
a otros, y generado campañas de desprestigio público contra la comunidad
y sus legítimos representantes y voceros. Sin embargo, hasta
la fecha no ha podido ingresar a este espacio territorial de más de
100.000 hectáreas, territorio en el cual los indígenas han fortalecido sus
propias formas productivas, de intercambio, educación, gobierno y salud,
generando un modelo práctico de autonomía indígena.
Asimismo, la comunidad de Sarayaku ha seguido varios procesos
judiciales en procura de defender su territorio, soberanía y su legítimo
derecho a mantener su vida como pueblo. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha expedido medidas precautelatorias y se mantiene
alerta a una posible incursión por parte de la empresa petrolera o
de acciones por vulnerar las decisiones territoriales de la comunidad
kichwa.
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