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AMERICA DEL SUR 175 actividades petroleras sufren una desnutrición infantil del 43%, frente al 21,45% promedio en otras comunidades 8 . Que la mortalidad infantil llega a 143 niños muertos por 1000 nacidos, las mujeres tienen un 146% más de predisposición a los abortos; que la mortalidad en general se ha duplicado por violencia, accidentes y cáncer 9 . Asimismo, uno de cada tres niños tiene anemia y uno de cada dos adultos. Hay un conjunto de enfermedades de piel, intoxicaciones respiratorias, molestias digestivas, articulares, problemas neurológicos incrementados en las comunidades afectadas por las actividades petroleras. Asimismo, el 49% de familias ha sufrido algún tipo de accidente que ha comprometido su salud y está directamente relacionado con las actividades petroleras, tales como: baños en aguas contaminadas, intoxicaciones por gas, caídas a piscinas con crudo, quema de productos de petróleo, contacto con químicos, explosiones de pozos, ruptura de oleoductos o consumo de alimentos contaminados. La presencia de abortos y cánceres es significativamente superior en comunidades expuestas a las actividades petroleras y en directa relación con la distancia de aquellas. Por otra parte, alrededor de un 75% del consumo de agua es contaminada por el petróleo extraído, más del 80% de los pobladores han perdido gran cantidad de cultivos, animales de granja y por tanto posibilidades de subsistencia al margen de las políticas de dádivas gubernamentales y en algunos casos de las mismas petroleras 10 . El ingreso de las empresas petroleras a partir del año 1998 está condicionado por el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. El Ministerio encargado de petróleos emitió un reglamento de consulta, contratándose a organismos no gubernamentales, universidades y consultores particulares el encargo de llevar adelante la consulta sobre actividad petrolera en territorios indígenas. Fue el caso de la consulta para la licitación de los bloques 21 y 24, realizada por la Universidad Politécnica Salesiana y que se encuentra cuestionada por el conjunto de actores locales. En todos los casos las consultas son realizadas como actividades de aproximación clientelar hacia individuos o comunidades aislándolas de los ámbitos organizativos de nacionalidades y pueblos. La política oficial de división de la CONAIE y de sus organizaciones regionales resulta estratégica para el ingreso de las empresas trans-
176 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005 nacionales y de aquellas organizaciones no gubernamentales que utilizando la retórica del ejercicio de los derechos colectivos o de los proyectos de desarrollo, permean el acceso a territorios indígenas de las actividades de extracción de petróleo. Las actividades petroleras se han constituido también en una amenaza para el entorno de los pueblos en aislamiento voluntario, tales como los huaorani tagaeri y los taromenane. Ambos pueblos habitan el Parque Nacional Yasuní, localizado entre las provincias de Orellana y Pastaza. A través de este territorio, la actividad petrolera demanda la construcción de una carretera, que junto con las pruebas sísmicas y la extracción de petróleos amenaza con exterminar a ambos pueblos indígenas. Un conflicto en ciernes en este contexto es el referido a los agentes externos. En este acápite se trata de las organizaciones ambientalistas que han “autorizado” con argumentaciones técnicas el ingreso de la actividad petrolera en estos territorios de importancia ecológica, al margen de la vida de las nacionalidades indígenas. En el centro de la provincia de Pastaza la comunidad kichwa de Sarayaku sostiene por casi una década un proceso de resistencia ante la avanzada de las compañías petroleras. En este caso, la petrolera CGC ha realizado todos los intentos por acercarse a líderes, influenciándolos y apartándolos de su responsabilidad por la colectividad. De este modo, ha cooptado algunos espacios organizativos, corrompiendo a otros, y generado campañas de desprestigio público contra la comunidad y sus legítimos representantes y voceros. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido ingresar a este espacio territorial de más de 100.000 hectáreas, territorio en el cual los indígenas han fortalecido sus propias formas productivas, de intercambio, educación, gobierno y salud, generando un modelo práctico de autonomía indígena. Asimismo, la comunidad de Sarayaku ha seguido varios procesos judiciales en procura de defender su territorio, soberanía y su legítimo derecho a mantener su vida como pueblo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expedido medidas precautelatorias y se mantiene alerta a una posible incursión por parte de la empresa petrolera o de acciones por vulnerar las decisiones territoriales de la comunidad kichwa. ❑
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actividades petroleras sufren una desnutrición infantil del 43%, frente<br />
al 21,45% promedio en otras comunidades 8 . Que la mortalidad infantil<br />
llega a 143 niños muertos por 1000 nacidos, las mujeres tienen un 146%<br />
más de predisposición a los abortos; que la mortalidad en general se ha<br />
duplicado por violencia, accidentes y cáncer 9 . Asimismo, uno de cada<br />
tres niños tiene anemia y uno de cada dos adultos. Hay un conjunto de<br />
enfermedades de piel, intoxicaciones respiratorias, molestias digestivas,<br />
articulares, problemas neurológicos incrementados en las comunidades<br />
afectadas por las actividades petroleras. Asimismo, el 49% de<br />
familias ha sufrido algún tipo de accidente que ha comprometido su<br />
salud y está directamente relacionado con las actividades petroleras,<br />
tales como: baños en aguas contaminadas, intoxicaciones por gas, caídas<br />
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con químicos, explosiones de pozos, ruptura de oleoductos o consumo<br />
de alimentos contaminados. La presencia de abortos y cánceres es significativamente<br />
superior en comunidades expuestas a las actividades<br />
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Por otra parte, alrededor de un 75% del consumo de agua es contaminada<br />
por el petróleo extraído, más del 80% de los pobladores han<br />
perdido gran cantidad de cultivos, animales de granja y por tanto posibilidades<br />
de subsistencia al margen de las políticas de dádivas gubernamentales<br />
y en algunos casos de las mismas petroleras 10 .<br />
El ingreso de las empresas petroleras a partir del año 1998 está condicionado<br />
por el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.<br />
El Ministerio encargado de petróleos emitió un reglamento de consulta,<br />
contratándose a organismos no gubernamentales, universidades y<br />
consultores particulares el encargo de llevar adelante la consulta sobre<br />
actividad petrolera en territorios indígenas. Fue el caso de la consulta<br />
para la licitación de los bloques 21 y 24, realizada por la Universidad<br />
Politécnica Salesiana y que se encuentra cuestionada por el conjunto<br />
de actores locales. En todos los casos las consultas son realizadas como<br />
actividades de aproximación clientelar hacia individuos o comunidades<br />
aislándolas de los ámbitos organizativos de nacionalidades y pueblos.<br />
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