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164 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
esta zona proponiendo la reducción del área a intervenir, lo cual, aún
cuando mejora levemente la situación no la resuelve 2 .
El Informe Anual (2003) de la Defensoría del Pueblo señala al respecto
que “…no existen muestras significativas de mejora de las medidas
para el control y vigilancia de las acciones extractivas en sus territorios,
las cuales son en muchos casos las principales amenazas para
sus hábitats y, en consecuencia, para el pleno ejercicio de sus derechos
y para su propia supervivencia como pueblos.” 3 .
Es de especial gravedad la situación del pueblo Warao, forzado al
desplazamiento desde hace más de diez años debido a la explotación
petrolera en el territorio Delta Amacuro. En la actualidad pueden encontrarse
como indigentes en diversas ciudades del país, especialmente
en Caracas.
Por otra parte, las tasas de mortalidad de la población indígena siguen
presentando índices preocupantes, habiéndose presentado epidemias
importantes de malaria en los estados Amazonas, Bolívar y
Sucre, las cuales hasta agosto de 2004 seguían sin control.
Las principales causas de muerte siguen siendo enfermedades perfectamente
controlables, tales como la gripe, la malaria y diarreas. En
este sentido, es notable la ausencia de personal de salud y su falta de
formación adecuada así como la insuficiente asignación presupuestaria.
Asimismo, se pueden registrar varios intentos de diseño de políticas
públicas acordes con los derechos de los pueblos indígenas. Uno de
ellos fue la desatinada propuesta del ex ministro de Salud (en su cargo
hasta finales de noviembre de 2004), de crear una oficina paralela de
atención en salud para el Alto Orinoco a ser dirigida por los chamanes
Yanomami, a pesar del desacuerdo de los expertos locales y de los líderes
indígenas. Afortunadamente, tal propuesta no prosperó.
Durante la estancia del mismo ministro se creó, dentro del Ministerio
de Salud, la Coordinación de Salud Intercultural con Pueblos Indígenas
4 responsable de ejecutar un presupuesto de aproximadamente
US$750.000 en diversos programas de atención integral en salud para los
pueblos indígenas de todo el país. Del mismo modo, tenía bajo su responsabilidad
la ejecución del Plan de Salud Yanomami, con un presupuesto
del mismo orden, asignado al plan desde el año 2002. Ambos presupues-