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AMERICA DEL SUR<br />

163<br />

diendo a las necesidades de los sectores populares urbanos, tiene un<br />

horario que se extiende desde la mañana hasta la tarde. En las comunidades<br />

indígenas, su implementación ha significado la total desincorporación<br />

de los niños y jóvenes de las actividades tradicionales.<br />

Lo mismo sucede con los programas de emergencia que ejecuta el<br />

Gobierno en diversas materias desde hace ya más de dos años, denominados<br />

“Misiones”. En lo referente a la educación, se cuenta con un<br />

programa masivo, paralelo a las escuelas, de alfabetización e incorporación<br />

a la educación formal. El acuerdo entre los representantes indígenas<br />

y el Gobierno garantizaba que el proceso de alfabetización sería<br />

bilingüe. No obstante, diversas denuncias en el país indican que esto<br />

no ha sucedido 1 .<br />

Una vez más, el origen de la situación parece estar en la ausencia de<br />

especialización del personal técnico y político de los funcionarios del<br />

Estado.<br />

Derecho a la salud<br />

La salud de los pueblos indígenas de Venezuela es un derecho cuya<br />

implementación aún no se ha logrado, aún cuando existen diversos<br />

intentos del Gobierno en adelantar políticas públicas en esta materia.<br />

La salud integral supone contar con un medio ambiente sano que,<br />

en el caso de los pueblos indígenas, representa además la garantía del<br />

alimento y de su supervivencia física. Sin embargo, en las regiones con<br />

población indígena, el Estado sigue sobre valorando el interés por el<br />

desarrollo del negocio del petróleo o de la minería, argumentando que<br />

ambos son prioritarios para la mayor parte de la población nacional. Es<br />

de especial gravedad la participación del Estado en actividades mineras<br />

en territorios indígenas los cuales, además, se encuentran protegidos<br />

por leyes de protección del ambiente. Representantes de diversas<br />

comunidades indígenas han manifestado su preocupación por los planes<br />

del Gobierno para seguir adelante con la explotación minera en<br />

áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) tales como la<br />

Reserva de Imataca. El MARN ha intentado mejorar la situación en

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