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158 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005<br />

3 Editorial. El Tiempo. Bogotá, septiembre 26 de 2004.<br />

4 Una fuente de la fiscalía anotaba que sin tener estadísticas a la mano<br />

podría decir “que prácticamente todos los asesinatos de sindicalistas,<br />

periodistas y defensores de derechos humanos que se han investigado,<br />

los responsables son los paramilitares”.<br />

5 El presidente Uribe se encargó personalmente de fomentar esta imagen:<br />

“A medida que se han venido retirando las organizaciones mal<br />

llamadas paramilitares, han reaparecido grupitos guerrilleros a secuestrar”.<br />

Y recordó lo que había pasado días atrás en el departamento de<br />

Santander: “En un sitio de donde salieron las autodefensas, llegó el<br />

ELN y nos secuestró a un palmicultor”.<br />

6 El mismo Carlos Castaño explica como es el procedimiento: “Se compran<br />

las tierras barato, cuando todavía esta la guerrilla en la zona y las<br />

tierras no valen nada y las ganaderías están abandonadas. Luego entramos<br />

a erradicar a la guerrilla...”<br />

7 Fidel Castaño, el desaparecido fundador de las ACCU y hermano mayor<br />

de Carlos Castaño, creó la Fundación por la Paz de Córdoba,<br />

FUNPAZCOR, para repartir tierras, ganado y crear microempresas<br />

para guerrilleros desmovilizados. Carlos Castaño había creado la Asociación<br />

de Colonos y Campesinos del Alto Sinú y Urabá, ACOLSIBA.<br />

El comandante Miguel Arroyave, asesinado por sus hombres a finales<br />

de2004, se encontraba fomentando proyectos de plantación de palma<br />

aceitera en los departamentos de Meta y Vichada, y Salvatore Mancuso<br />

mencionaba la creación de una cooperativa para la sustitución de cultivos<br />

con más de 3.000 familias.<br />

8 Alfredo Molano Bravo. 2004. Avenida de las Palmas., Semanario El<br />

Espectador, 6 de noviembre.<br />

9 Con la expedición del nuevo Código de Minas, el trámite que le está<br />

dando a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y el desconocimiento<br />

del derecho que tienen los indígenas a la consulta sobre leyes y proyectos<br />

económicos que atenten contra sus intereses, el Estado está creando<br />

las bases legales para la expropiación y expoliación de los territorios<br />

indígenas.

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