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AMERICA DEL SUR
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ra esto y para planes de reconstrucción, el Estado debe movilizar
la ayuda internacional para la elaboración de programas de
emergencia.
• Tanto el Estado como los grupos armados tienen la obligación
de cumplir en todo momento con el Derecho Internacional Humanitario
y respetar los derechos humanos. Para una efectiva
vigilancia y aplicación de estos derechos el informe sugiere la
conformación de una comisión amplia e independiente. Especialmente
le dice al Estado que debe cancelar los programas de
red de informantes, soldados campesinos y soldados por un
día, para niños y jóvenes, piezas de la política de Seguridad Democrática
del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
• No pueden seguir en curso aquellos proyectos de ley, o reformas
constitucionales que afecten los derechos de los pueblos
indígenas o que atenten contra la diversidad biológica y cultural.
Se solicita al Congreso de la República no aprobar leyes que
restrinjan la autonomía y las libertades de las organizaciones no
gubernamentales, sociales y de derechos humanos.
• En materia económica, el informe recomienda no alentar proyectos
de inversión, infraestructura, extracción y explotación de
recursos naturales "sin previa, amplia y legítima consulta y participación"
de estas comunidades pues Stavenhagen comenta
que encontró que algunos proyectos de desarrollo económico,
entre ellos los mineros y de explotación petrolera, han tenido
efectos negativos sobre las condiciones de vida de los indígenas.
En este sentido manifiesta su preocupación por el acoso
que sufre el pueblo Embera Katío del Alto Sinú, objeto de desapariciones,
asesinatos y desplazamiento, en el marco de su resistencia
a la construcción en su territorio de la represa hidroeléctrica
de Urrá. El informe expresa que las medidas cautelares
que en su favor ha demandado la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, no se han cumplido.