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148 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
paramilitares obtengan títulos jurídicos sobre las tierras apropiadas
por medios violentos 1 .
Esta política de legalización del despojo, encuentra su corolario en
la propuesta del presidente Uribe de confiscar las tierras del narcotráfico.
Pero como lo anota el investigador Álvaro Camacho Guizado,
Uribe se está refiriendo a tierras sembradas con cultivos ilícitos, que
están en zonas de colonización donde no existen títulos de propiedad
y que son tierras “ocupadas por colonos expulsados de otras regiones”. Aunque
no se tienen cifras concretas, buena parte de estas familias tuvieron
que abandonar sus tierras debido a la violencia paramilitar. De allí
que Camacho deduzca que ésta sea una política altamente regresiva,
que conduciría a que aumenten las propiedades de terratenientes, que
las adquirirían por medio de subastas, una vez hayan sido expropiadas
por el Estado. Cientos de miles de hectáreas abandonadas por los
desplazados son hoy utilizadas para cultivos ilícitos por los actores
armados que provocaron el desplazamiento. La liberación de esos territorios
con el pretexto de combatir al narcotráfico y su saneamiento
bajo fórmulas locales de legalización sería el camino más expedito para
imposibilitar el derecho a la reparación integral de miles de familias
de desplazados. Concluye Camacho, que si Uribe pensara en “...hacer
una política antinarcotráfico, de corte democrático y redistributivo”, el
presidente debería hacer todo lo contrario y “poner el énfasis en la
expropiación de esas grandes extensiones de tierra, obtenidas por la
fuerza bruta. Entre los adjudicatarios deberían estar los desplazados
por la violencia” 2 .
El Tiempo, el diario más importante del país, le dedica en su edición
del 26 de septiembre de 2004, el editorial y un amplio informe sobre el
crecimiento y auge del paramilitarismo en Colombia y no duda en afirmar
que “Las autodefensas exhiben hoy una influencia que no es sólo
militar sino política, social y económica. Tan profunda y tan extendida,
que para muchos no resulta exagerado hablar de una progresiva paramilitarización
de Colombia” 3 . Esta afirmación se fundamentaba en el
hecho de que en 382 de los 1.098 municipios del país, los 49 frentes
paramilitares habían pasado del control militar al control político y
social.