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MEXICO, AMERICA CENTRAL Y EL ENTORNO CARIBEÑO
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animar al respeto, la protección y el mantenimiento del conocimiento
y prácticas innovadoras de las comunidades indígenas y locales basadas
en sus formas de vida tradicionales y que contribuyen a la conservación
ambiental y a la utilización sostenible de la biodiversidad.” Y,
finalmente, en el nivel internacional, podemos mencionar el Convenio
sobre la Diversidad Biológica de la ONU, firmado por Francia en 1992
y ratificado por medio de la Ley nº 94-477 de junio de 1994. Los pueblos
indígenas de Guayana lamentan que, diez años después, éste no se
haya aplicado realmente todavía.
Los pueblos indígenas de Guayana sienten que estos distintos textos
no se hayan tomado suficientemente en cuenta en la resolución de
las actuales disputas con las autoridades estatales y comunales en relación,
particularmente, con la gestión territorial. Por ello, exigen que la
consulta pública sea una manera de tomar seriamente en cuenta sus
aspiraciones, más que simplemente un canal para hacer oír su voz.
Proponen que se reconsidere la relación entre el Estado, las autoridades
locales y los pueblos indígenas y que estos últimos sean reconocidos
como comunidades indígenas con auténtico poder de decisión
para garantizar su efectivo desarrollo económico, social y cultural.
Quieren que estas comunidades indígenas sean un organismo reconocido
dentro de la organización local guayanesa. Esta es una condición
necesaria si se quiere reconocer oficialmente la implicación indígena
en el proceso de negociación de los cambios estatutarios del Departamento
guayanés o en cualquier otro proceso que les involucre de uno
u otro modo.
Como autoridad indígena, quieren por tanto que se reconozca su
existencia como pueblos, junto con sus organizaciones sociales, políticas
y económicas, sus culturas, costumbres y tradiciones, sus lenguas,
sus religiones, sus hábitats y su derecho a la tierra y a sus territorios
tradicionalmente ocupados, que son esenciales para su supervivencia
y para el desarrollo de sus modos de vida. Este derecho implica un
derecho a la propiedad colectiva y exige una clara demarcación de sus
territorios a la vez que el reconocimiento del hecho de que los territorios
así demarcados son indivisibles, inalienables e inembargables. El
uso de los recursos naturales en estas tierras no debe perjudicar en
ningún modo su integridad cultural, social o económica y debe estar