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142 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
a la UMP (Union pour un Mouvement Populaire/Unión por un Movimiento
Popular) en las elecciones de Camopi y Brigitte Wyngaarde,
jefa tradicional de la aldea de Lokono de Balaté, que encabezaba la
lista regional del Partido Verde. Puede decirse que la representación
amerindia 5 parece poco relevante en términos de número total de candidatos
en las listas, pero su significación queda clara si lo comparamos
con el pasado, cuando la implicación indígena en la escena política
local parecía inimaginable o era un mero efecto de determinadas
estrategias políticas o de politiquería. Collomb (ibíd.) llega a la conclusión
de que “a través del acceso a nuevas responsabilidades en los organismos
locales y regionales, parece que una nueva generación de líderes
amerindios está preparada para unirse en la expresión de una
identidad indígena reafirmada y para participar en la construcción de
la futura Guayana, aunque esto haya abierto la posibilidad de que se
redefina su estatus.”
Una lucha legal
Las demandas indígenas de reconocimiento de sus derechos pueden
ser sustanciadas legalmente en el nivel regional, nacional e internacional.
En un nivel regional, puede mencionarse la claúsula adicional al
documento guía sobre un pacto de desarrollo para Guayana, adoptado
por un Comité conjunto el 26 de enero de 1999 y aprobado por los consejeros
regionales y generales en una asamblea general el 27 de febrero
de 1999, que declara: “Que la demanda principal que hacen las autoridades
tradicionales en relación con el reconocimiento de los pueblos
indígenas y tribales está justificada” y “que el documento guía afirma
sin ambages, en la página 8, la existencia de pueblos indígenas, primeros
pueblos.” Está también, como se ha mencionado, el Proyecto de
Acuerdo sobre el futuro de Guayana, aprobado por los consejeros regionales
y generales de Guayana. En el nivel nacional, podemos mencionar
el artículo D34 del Código de Dominio del Estado (Code du domaine
de l’Etat), decreto nº 86-467 de 14 de abril de 1987, y el artículo 33 de la
Ley de Orientación (Loi d’orientation) de carácter general de diciembre de
2000, que estipula que “las autoridades estatales y locales deberían