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122 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005<br />

nidades han sido víctimas de usurpaciones de tierras cuya recuperación<br />

constituye, ahora, una de las principales reivindicaciones.<br />

Un importante episodio reivindicatorio aconteció en noviembre de<br />

2004, cuando la Corte Suprema de Justicia reconoció, en una sentencia,<br />

el derecho de propiedad de la comunidad indígena de Sébaco sobre el<br />

terreno donde está ubicada la ciudad de ese mismo nombre. Este terreno<br />

había sido dado en arriendo al pueblo de la ciudad de Sébaco, a<br />

través de un contrato que suscribieron los líderes de la comunidad con<br />

las autoridades edilicias.<br />

Otras comunidades que han tenido problemas de seguridad jurídica<br />

sobre su derecho de propiedad son las comunidades de Telpaneca y<br />

Totogalpa, ambas del departamento de Madriz, en el norte de Nicaragua.<br />

En estos lugares se dieron protestas en contra de disposiciones<br />

gubernamentales que ponen en riesgo el derecho ancestral de los indígenas<br />

sobre las tierras tituladas en siglos pasados.<br />

Ámbito comunitario y el derecho consuetudinario<br />

Con la vigencia de la Ley 445 existe un reconocimiento oficial (estatal)<br />

pleno de los líderes comunales y wihtas o jueces comunales. Según lo<br />

estipulado en la Ley, tanto el sistema judicial como las distintas alcaldías<br />

y Consejos Regionales han procedido a registrar y certificar a las<br />

distintas autoridades indígenas. En la RAAN se registraron más de 90<br />

autoridades tradicionales, en el año 2004. La inscripción y certificación<br />

de autoridades tradicionales, en la RAAS, ha sido menor con relación<br />

a la RAAN, estando limitado únicamente a 12 autoridades tradicionales.<br />

Otra acción relacionada fue la organización de una capacitación en<br />

Derecho Consuetudinario y Derecho Penal a un total de 30 wihtas de<br />

la Costa Caribe impartido por facilitadores y capacitadores de la Organización<br />

de Estados Americanos y la Corte Suprema de Justicia, en<br />

noviembre. Esto representó un paso adicional hacia el desarrollo de un<br />

modelo de justicia autónomo, donde se complemente el derecho tradicional<br />

indígena con el derecho positivo.

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