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120 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
De esta manera, las distintas instancias de operativización del proceso
de demarcación y titulación de territorios indígenas no recibieron
una partida presupuestaria directa del Gobierno de Nicaragua, en el
2004. El limitado presupuesto operativo de la Comisión Nacional de
Demarcación y Titulación (CONADETI) y las Comisiones Intersectoriales
de Demarcación y Titulación (CIDTs) fue obtenido a través de
gestiones con Organismos no Gubernamentales y, en ciertos casos, con
entidades estatales que contemplan en sus actividades una colaboración
en el proceso de titulación de tierras indígenas. Destacan, en este
sentido, el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP) y el
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). Así, por ejemplo, la
asignación financiera para el funcionamiento del PRODEP en las regiones
autónomas, en el marco del proceso de legalización de tierras
indígenas durante 2004, fue de un total de 3.196.860 dólares estadounidenses;
de los cuales hasta septiembre se registraban disponibles para
ejecución 402.500 dólares 4 . De estos fondos los ingresos recibidos por
las CIDTs fueron mínimos e insuficientes y, a su vez, no existe un informe
público del monto real ejecutado por el PRODEP y su uso.
La Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación de la Región
Autónoma Atlántico Norte (CIDT–RAAN) no cuenta con instalaciones y
suficiente equipamiento para desarrollar sus actividades. No obstante esta
situación, uno de los principales logros del 2004 fue la recepción de 21
solicitudes de demarcación y titulación de territorios, de las cuales cinco
ya fueron remitidos a la CONADETI. Por otra parte, en los primeros meses
del año 2005 se espera que la CONADETI emita, por lo menos, los dos
primeros títulos de propiedad comunal.
El caso de Awas Tingni
Uno de los casos que fue recibido por la CIDT–RAAN, en el 2003, y remitido
en octubre de 2004 a la CONADETI, es la solicitud de la comunidad
de Awas Tingni. Sin embargo, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos,
y de haber avanzado en el proceso que determina la Ley 445, no se
vislumbra una fecha futura para la titulación de esta comunidad.