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MEXICO, AMERICA CENTRAL Y EL ENTORNO CARIBEÑO
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de la minería muestran que este Ministerio actuó contra los intereses
de los pueblos indígenas, tal como se explicará más adelante.
Por el contrario, varias leyes que se esperaba fueran aprobadas y
que de alguna manera tienen que ver con los pueblos indígenas,
como la Ley de Aguas y la Ley de Desarrollo Rural, no tuvieron avances
significativos.
Libre comercio a pesar de la oposición
A pesar de la fuerte oposición de las organizaciones indígenas y campesinas
del país y de la región centroamericana en general, el Gobierno
siguió con sus planes para formalizar el Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos, que casi quedó definido durante este año.
La protección que Guatemala tenía sobre las medicinas genéricas,
que era un escollo en las negociaciones, fue modificada por la presión
de los Estados Unidos. Diversos análisis publicados a lo largo del año
llamaron la atención sobre los impactos negativos que este tratado
puede provocar sobre las economías locales, especialmente en agricultura,
artesanías, comercio y pequeñas industrias, donde la población
indígena tiene un aporte significativo. A pesar de ello, el Gobierno
continuó las negociaciones sin incorporar aspectos de interés para
los pueblos indígenas.
Se invoca el “Estado de Derecho” para imponer la minería
En el año 2004, el Gobierno dio su respaldo total a la explotación minera
en territorios indígenas, específicamente en los de los pueblos Mam
y Sipacapense, en el occidente del país. A pesar de la fuerte oposición
de las organizaciones indígenas y populares, el Gobierno movilizó todo
el aparato de seguridad del Estado en apoyo de las empresas mineras,
reprimiendo violentamente las protestas indígenas, tal como sucedió
en la comunidad llamada Los Encuentros, en el Departamento de
Sololá. Obviamente, esta violenta reacción gubernamental recibió el res-