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5 Funciones de administración del sistema. La gestión de acceso y consulta de documentos.
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Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales
4.2 Chile: Con el propósito de contar con un mejor y más eficiente uso de la información
del Estado, controlar la corrupción y reforzar la probidad, así como modernizar el acceso
y uso de los documentos y la información pública por parte del ciudadano, y además
mejorar el acceso al conocimiento que genera el propio Estado, Chile cuenta desde
agosto de 2008 con una Ley de acceso a la información pública, que ha resultado en
un desafío para la gestión de los archivos chilenos, que presentan en muchos casos una
situación precaria, producto de la desatención histórica a los archivos y documentos de
la Administración.
Dicho cuerpo normativo regula entre otros, el principio de transparencia de la función
pública, los procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso y se aplica a los ministerios,
intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, Fuerzas
Armadas de Orden y Seguridad Pública, entre otros que cumplen con funciones administrativas.
Estas entidades deben publicitar en sus sitios web una cantidad importante
de documentos, y obviamente facilitar los documentos e información que soliciten los
ciudadanos, siempre que no se trate de secretos de Estado o documentos restringidos
por ley. Crea un Consejo de Transparencia en donde se puede recurrir en vía administrativa
en caso de que se deniegue el acceso a la información y a la Corte de Apelaciones
en vía judicial, para la aplicación de las sanciones respectivas.
4.3 Perú: Al igual que en los países mencionados, la Constitución Política de Perú consigna
el derecho de acceso a la información pública y desde 2002 este derecho se expresa en
una Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, e incluso otra ley posterior
faculta al Poder Ejecutivo para levantar la clasificación de documentos confidenciales a
los 10 años, de los documentos reservados a los 15 años y de la información secreta a los
20 años de clasificada.
Sin embargo, en opinión de Aída Luz Mendoza Navarro dicha normativa
“Constituye un avance en el acceso a la información en el Perú, aunque se desaprovechó la
oportunidad para considerar a los archivos como los centros de conservación de los documentos
de manera puntual, como lo hicieron las leyes de Ecuador y México, teniendo en
cuenta que son los elementos fundamentales para el cumplimiento y ejercicio de la transparencia;
es más no se le dio el peso normativo y de competencia natural en el tema al Archivo
General de la Nación, que es el organismo que define la política archivística nacional” 8
El cumplimiento efectivo de la Ley de Transparencia es motivo de preocupación para la archivista
Mendoza Navarro entre otras razones por la situación lamentable de los archivos de
instituciones públicas en muchos lugares del país, y particularmente en el interior del país;
por la destrucción de los documentos no solo por catástrofes naturales, sino por el mal uso
y conservación de estos; por el extravío de documentos como consecuencia de fusiones, privatizaciones
o extinción de entidades pública y por la inadecuada gestión de documentos en
soporte electrónico, todo lo cual imposibilita que los documentos y la información pública
sean realmente asequibles.
4.4 Uruguay: Tras varios años de trabajo de diversos grupos sociales, y en particular con
el impulso decidido del Grupo de Archivos y Acceso a la Información Pública (GAIP),
8 MENDOZA NAVARRO, Aída Luz., Archivos y Derechos Humanos. Los Documentos de la CVR. 1º ed. Lima. Impresiones Vega
Ravines, 2006, pp. 35-45.