LIBRO.ARCHIVOS.IBEROAMERICANOS

Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales
En cuanto a los límites extrínsecos del derecho de acceso a la información encontramos los
dispuestos por el artículo 28 y 24 de la Constitución Política. El primero de ellos permite
restringir mediante ley el acceso a documentos públicos por razones de moral y orden público,
y, en el segundo caso se restringe el acceso a los documentos de interés privado, del ámbito
familiar y de la intimidad de las personas, excepto que sean solicitados por los Tribunales de
Justicia, la Contraloría General de la República y la Dirección de Tributación para fines tributarios.
Salvo estas excepciones, los documentos de índole privada se consideran confidenciales
y de acceso restringido (aunque se encuentren en archivos públicos estatales) y no pueden ser
facilitados salvo que se cuente con el consentimiento previo del derecho habiente.
Existen otras limitaciones, en su mayoría comunes en los países iberoamericanos, tales como
la restricción de acceso para proteger secretos industriales y comerciales, y, el llamado secreto
bancario.
Respecto de este último, la reciente Ley contra la delincuencia organizada ha diluido dicha
restricción, por cuanto posibilita el levantamiento del secreto bancario para las investigaciones
relacionados con este tipo de delitos.
Asimismo, por iniciativa de la Defensoría de los Habitantes con el fin de propiciar la transparencia
de las instituciones públicas, se deben publicitar a través de los sitios web de cada
entidad, una cantidad importante de documentos e información de cada una de ellas, con
el fin de que sean de conocimiento de los interesados.
4. Panorama en algunos países de Iberoamérica
4.1 México: A pesar de que este país no cuenta con una legislación específica que regule el
funcionamiento y competencias del sistema de archivos estatales, lo cierto es que desde
2002 cuenta con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
así como otras leyes similares en diferentes estados, tales como Sinaloa y
México. Dicha legislación enmarcada en la lucha contra la corrupción y el desarrollo de
la administración y el gobierno electrónico en ese país, define la información pública y
el documento público y privado, el derecho de acceso a la información pública y la protección
a la información privada y confidencial; criterios para clasificar la información,
organismos relacionados y procedimientos para cumplir la ley. Es importante destacar
que la Ley Federal le da la competencia al Archivo General de la Nación de elaborar los
criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los documentos públicos,
así como para la organización de los archivos de las dependencias y entidades públicas.
Asimismo dispone que las entidades son responsables del adecuado funcionamiento de
sus archivos y de elaborar y poner a disposición de los ciudadanos una guía de sus sistemas
de catalogación y clasificación, así como de la organización del archivo.
De acuerdo con Genaro Luis García López 7 aún no se han producido todos los beneficios
que esta legislación puede proporcionar ya sea por la inercia de la propia Administración y
por grupos interesados en mantener en beneficio propio el monopolio de determinada información
así como por desinterés de la ciudadanía y de los profesionales de la información.
7 GARCIA LOPEZ, Genaro Luis. “El acceso a la información de la administración pública en los Estados Unidos Mexicanos: la
regulación del principio de libre información”. En: Investigación Bibliotecológica. Archivonomía, Bibliotecología e Información.
nº 43, 2007. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2007; pp. 107-138.
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5 Funciones de administración del sistema. La gestión de acceso y consulta de documentos.