Piedra Natural - nº 37 - ConcretOnline

y la resolución de los expedientes sancionadores,
y la segunda fase en el control
de concentraciones recaía en un órgano
independiente, el Tribunal de Defensa de
la Competencia. En la nueva Ley se prevé
la creación de una única institución independiente:
la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC), que se encargará
tanto de la instrucción como de la resolución
de los casos. De este modo, se agilizan
los procedimientos. Será precisamente
esta Comisión el órgano competente
para decidir sobre las operaciones de
concentración, de forma que el Consejo
de Ministros sólo podrá intervenir por razones
de interés general y únicamente en
los casos en los que la Comisión Nacional
deniegue una concentración o la someta
a condiciones.
Claro endurecimiento del sistema sancionador.
Por primera vez las sanciones
se gradúan en muy graves, graves y leves
pudiendo alcanzar las multas hasta un
10% de la facturación de la empresa infractora,
y hasta 60.000 euros -antes
eran 30.000 euros- las imputables a las
personas físicas que hayan participado en
la conducta anticompetitiva. Asimismo,
se modifica el régimen de prescripción
que será de 4 años para las infracciones
muy graves, de 2 años para las graves y
de un año para las leves.
Importante novedad es también la nueva
normativa para las asociaciones empresariales.
Hasta ahora, al no disponer de
cifra de negocios, la sanción máxima era
una cantidad a tanto alzado, sin embargo
la nueva ley de defensa de la Competencia
establece que las multas se fijaran en
función de la suma del volumen de negocio
de los miembros integrantes de la
asociación, por lo que las sanciones se incrementarán
sensiblemente. Se prevé,
además, que en caso de insolvencia de la
asociación, se podrá exigir el pago de la
multa a cualquiera de las empresas que
forman parte del órgano de gobierno de
la asociación.
Otro eje fundamental de la reforma es la
introducción de un sistema de “clemencia”
para la detección de cárteles, que
permiten reducir, o incluso, no imponer
multas a las empresas que denuncien su
existencia o que aporten pruebas sustantivas
para su persecución. Este aspecto
constituye un instrumento muy eficaz
para combatir las prácticas anticompetitivas,
ya que estas no suelen ser fáciles de
identificar. La Comisión Europea introdujo
esta figura en el procedimiento comunitario
en 1996 y la mayor parte de los
estados miembros de la Unión Europea
disponen de estos programas de clemencia,
si bien, en España supone una verdadera
novedad, al no disponer de tradición
jurídica al respecto.
Aplicación judicial de las normas de
competencia. Los Juzgados de lo Mercantil
podrán aplicar las normas de defensa
de la competencia de forma paralela
a la Comisión. De modo que una
empresa que se sienta perjudicada por
una práctica anticompetitiva tendrá dos
opciones a las que acudir. Por un lado, al
igual que ocurre ahora, podrá acudir a
las autoridades de defensa de la competencia
y presentar la denuncia correspondiente.
Al mismo tiempo podrá presentar
una demanda civil por los daños y
perjuicios ante un Juzgado de lo Mercantil.
Igualmente, la empresa podrá esperar
a que la Comisión se pronuncie y
después interponer la acción civil de daños
y perjuicios.
La CNC adoptará la decisión definitiva
en concentraciones. Hasta ahora la decisión
definitiva en la aprobación o prohibición
de fusiones empresariales la adopta
el Consejo de Ministros previo informe
no vinculante del Tribunal de Defensa de
la Competencia. La nueva norma prevé
que dicha decisión sea adoptada por la
Comisión Nacional de la Competencia y
el Consejo de Ministros sólo pueda modificarla
basándose en unos supuestos concretos
fijados en la Ley relacionados con
el interés general.
En cuanto a conductas restrictivas, las
principales novedades son la desaparición
de la figura de la explotación abusiva
de la situación de competencia; el
paso de un sistema de autorización previa,
por parte de la autoridad de competencia,
de los acuerdos prohibidos que
cumplan determinados requisitos para
ser autorizables, a un sistema de autoevaluación
en el que las empresas deberán
analizar, por sí mismas, si tales acuerdos
cumplen los requisitos que los convierten
en autorizables. La nueva ley, mantiene,
por otra parte, la prohibición de las conductas
desleales, que además distorsionen
la libre competencia y afecten por
ello al interés público. Y finalmente, se
mantienen los denominados acuerdos de
“de minimis” o de “escasa importancia”
que son aquellos que la autoridad de la
competencia puede decidir no perseguir
por no afectar de manera significativa a
la competencia, señalándose que los criterios
a tomar en consideración, a estos
efectos, se determinarán reglamentariamente,
siendo uno de ellos la cuota de
mercado.
Mª José Rubio
piedranatural@fdp.es
37
21