(amicus curiae brief). - Juventud Rebelde

21. Se dice que antes del juicio y en su transcurso, todas las pruebas del
sumario se guardaron en una sala vigilada por el tribunal a la que los
abogados de la defensa sólo podían acceder tras satisfacer un trámite
burocrático. También se prohibió a los abogados hacer copias de las
pruebas documentales y tomar notas para estudiarlas. Asimismo, se
les impidió participar en la determinación de los criterios de selección
de las pruebas, ya que se les excluyó de una conferencia entre las
partes a la que asistieron el tribunal y la fiscalía y en la que se fijaron
dichos criterios.
22. Según la fuente, en la fase preparatoria de la defensa se identificaron
las pruebas del Estado con códigos específicos, que se modificaron
arbitrariamente unos días antes del juicio, perjudicando la labor de los
letrados de la defensa.
23. La fuente insiste en que la celebración del juicio en un lugar nada
apropiado resultó en la parcialidad del jurado, ya que sus miembros
se vieron sometidos a la enorme presión de la comunidad cubanoestadounidense
de Miami. La fuente añadió que apenas transcurrido
un año de la condena de los reos, el propio Gobierno de los Estados
Unidos, en otra causa en que la administración era la acusada, pidió
un cambio de jurisdicción acogiéndose al argumento de que Miami
no era un lugar apropiado, ya que era imposible formar un jurado
imparcial en un juicio que afectase a Cuba, dadas las opiniones y
sentimientos relevantes que existían sobre esta cuestión.
24. Conforme a sus métodos de trabajo, el Grupo decidió en su 40º período
de sesiones dirigirse al Gobierno de los Estados Unidos y a los
peticionarios con tres preguntas que le facilitaran la labor:
a) ¿Cómo se aplicó en esta causa la Ley de procedimiento sobre
información clasificada?
b) ¿Afectó la posible aplicación de dicha ley al acceso a las pruebas?
c) Cuando se clasifica una causa como de seguridad nacional ¿qué
criterios se siguen para seleccionar las pruebas?
El Grupo de Trabajo ha recibido información del Gobierno y de
la fuente sobre estas cuestiones.
25. El Gobierno indicó que en la ley se prevé un examen en la fase de
apelación de las decisiones del Tribunal de Primera Instancia (como
en el presente caso) y que la ley en cuanto encierra disposiciones de
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