(amicus curiae brief). - Juventud Rebelde

en el hemisferio, como líder entre los países latinoamericanos, y en el
mundo, como líder de los países en desarrollo.
Los Estados Unidos y México han desarrollado una amplia gama de
mecanismos de consulta y cooperación en relación con la variedad de temas
en los cuales interactúan. Entre ellos se incluyen: 1) reuniones periódicas
a nivel presidencial; 2) reuniones anuales de la Comisión Binacional
a nivel de gabinete con 10 grupos de trabajo en temas de gran importancia;
3) reuniones anuales de delegaciones congresionales en las conferencias
del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos; 4) reuniones
comerciales trilaterales relacionadas con el TLCAN dirigidas por diferentes
grupos; 5) reuniones regulares de los fiscales generales y del pleno principal
de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley para discutir los
asuntos relacionados con la ejecución de la ley y el tema de narcóticos; 6)
una amplia gama de reuniones bilaterales de cooperación en la zona fronteriza
que abordan temas tales como el medio ambiente, la salud, el transporte
y el cruce fronterizo; y 7) reuniones trilaterales en el marco de la “Asociación
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte” (SPP) fundada
en Waco, Texas, en el mes de marzo de 2005. Todo esto reafirma las
preocupaciones de los Amigos de la Corte en relación con el impacto de
estos casos en el panorama jurídico entrelazado que comparten los Estados
Unidos y México como resultado de su condición convergente, cada vez
más interdependiente, como estados parte en aspectos clave y pertinentes
del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y su equivalente
regional en el hemisferio occidental, el sistema Intearamericano de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
México y los asuntos que afecten a los ciudadanos mexicanos en
México, así como los que viven en los Estados Unidos, y las complejas
convergencias que evolucionan entre los sistemas legales de los Estados
Unidos y México, así como las relaciones de ambos con el derecho internacional
y las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas,
se han hecho cada vez más evidentes en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos. Entre los ejemplos se incluyen:
Verdugo Urquidez v. Estados Unidos, 494 U.S. 259 (1990); Alvarez
Machain v. Estados Unidos, 504 U.S. 655 (1992); Sosa v. Alvarez
Machain, 542 U.S. 692 (2004) (tres casos relacionados que se derivan de
las actividades de la DEA de los Estados Unidos en territorio mexicano,
que dio lugar a supuestas violaciones del derecho internacional) y más
recientemente, Medellín v. Texas, 128 S. Ct. 1346 (2008) (ejecución de
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