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5 RESUMEN DEL ARGUMENTO La reputación de Estados Unidos como garante indispensable y definitivo de los derechos humanos de los no ciudadanos procesados en sus tribunales está en riesgo con este caso. Existen antecedentes jurídicos y públicos abrumadores que avalan la afirmación de los Demandantes de que les fue negado su derecho fundamental a un juicio justo. Les fue negado un juicio justo porque se les denegó el acceso a un tribunal imparcial que determinara su culpabilidad o inocencia. Sus condenas fueron el resultado inevitable de la denegación de la solicitud que colectivamente formularon por un cambio de jurisdicción. Ello significaba que se les procesaría en una comunidad permeada de un inveterado odio hacia el gobierno de Cuba. Totalmente previsible, ese odio generó un prejuicio sistémico contra los Demandantes porque se les acusaba de ser agentes de ese gobierno. En realidad, era tan arraigado el odio hacia el gobierno de Cuba en Miami como para crear una presunción de prejuicio en cada uno de los ciudadanos que fueron convocados a servir como jurado en este caso. Esa presunción sencillamente no puede refutarse con el grado de certeza requerida en un proceso donde se procuraron y se obtuvieron condenas de cadena perpetua. Además, aún cuando había ciudadanos de Miami que no llegaban al punto de odiar realmente lo que rutinariamente se conocía como el “régimen de Castro”, cabía razonablemente asumir que serían intimidados por la ubicuidad de ese sentimiento en una comunidad a la que habían de retornar a trabajar y vivir una vez terminados sus
servicios como jurados. 6 El cambio de sede era la única vía por la que los Demandantes podrían realmente haber ejercido su derecho universal a un juicio justo. La posición del Onceno Circuito de que los Demandantes no tenían derecho, en las circunstancias objetivas del clima emotivo prevaleciente en Miami en ese momento, a que sus juicios fueran trasladados por pleno derecho a Fort Lauderdale constituye una violación de la obligación de este país de honrar las obligaciones contraídas en virtud de tratados como resultado de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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