ESPAÑA: Una potencia mundial en la pesca de tiburones

muestran como, de cada cinco kilos de pescado que llega a puerto en la UE, al menos
uno es arrojado al mar como descarte (45). Además del evidente problema de mal uso y
destrucción de los recursos que los descartes conllevan, tampoco se toma registro de
las especies descartadas, por lo que la cantidad de información perdida relativa a la
verdadera extracción de recursos no permite una correcta evaluación de las
poblaciones afectadas, ni su correcta gestión.
A lo largo de este informe, se ha demostrado la gran cantidad de situaciones en las que
se da esa falta de datos, pérdida o mal registro de los mismos, llegando incluso a
presentarse datos ampliamente divergentes entre diferentes departamentos del
mismo Gobierno de España (69,71) y, aunque es cierto que puede existir una cierta
pérdida de información en los trasvases de bases de datos, no es menos cierto que una
desviación de tal magnitud sugiere una clara debilidad en el sistema de gestión de las
pesquerías que debería ser corregido con urgencia. Trabajar en la línea de una
homogeneización del sistema de toma de datos a nivel internacional para evitar esa
pérdida de información en el manejo y trasvase de las bases de datos, así como, un
gran incremento del esfuerzo en la mejora de la toma del registro de los mismos,
podrían representar avances cualitativos importantes.
Por otra parte, también se debería poner cierto cuidado en la gestión de pesquerías
artesanales, donde los tiburones siguen estando considerados como pesca incidental.
La cantidad de error que se genera y la información que se pierde a consecuencia del
mal etiquetaje en las lonjas, también deben ser reconducidas para una correcta
gestión de los recursos. Aunque cuantitativamente tenga menor relevancia que las
capturas realizadas por las flotas pelágicas, no deja de ser una cantidad de error
cualitativo a añadir a las malas estadísticas pesqueras disponibles. Además, esta mala
práctica incorpora un incumplimiento de la ley ya que los consumidores tienen todo el
derecho (y la Administración, la obligación) de asegurar que lo que se compra en el
mercado se encuentra correctamente identificado a nivel de especie. A este nivel, hay
también que otorgar un cierto grado de responsabilidad a las Administraciones
Autonómicas que tienen delegada la competencia de pesca.
Todo esto sucede, en parte, porque España ha considerado durante mucho tiempo a
las capturas de tiburones como capturas incidentales dentro de otras pesquerías, por
lo que no existe ninguna medida reguladora, ni límites a las capturas como sí existen
en las pesquerías de atún y pez espada. Esta falta de control incentivó que los
pescadores tendieran a capturar tiburones como objetivo, introduciendo incluso
ligeros cambios en sus artes. Por ello, una de las medidas que se hacían necesarias de
forma urgente era la de considerar a las capturas de tiburones como especie objetivo,
ya que estas se situaban en porcentajes elevadísimos en relación con el total de
capturas, y aplicar las medidas reguladoras necesarias para asegurar la conservación a
largo plazo del recurso explotado y, por añadidura, para el mantenimiento del
equilibrio de los ecosistemas marinos. De esta forma debería ser aplicable la ya
aceptada Política Pesquera Común que, en el Reglamento (CE) nº2371/2002 del
Consejo del 20 de diciembre del 2002, estipulaba que debían establecerse los límites
del esfuerzo pesquero y las capturas de las especies comerciales. Incluso se deberían
establecer planes de recuperación inmediatos para aquellas especies más castigadas
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