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Derecho
Rhombus
inversionista de la existencia de un
clima predecible para invertir.
La inclusión del arbitraje como un
medio para dirimir diferencias entre
un inversionista y el Estado no es una
innovación del TLC, sino más bien
una garantía que en el caso de Costa
Rica tiene raíces constitucionales y
que se ha desarrollado recientemente
tanto en el ordenamiento jurídico
nacional como a través de los
múltiples tratados de inversión ya
ratificados por el país.
El artículo 43 de la Constitución
Política eleva a garantía constitucional
la posibilidad de que cualquier
inversionista, nacional o extranjero,
pueda recurrir voluntariamente al
instituto del arbitraje como medio
para solucionar sus disputas
patrimoniales, incluso contra la
administración pública. En relación
con este último aspecto, es
importante señalar que el artículo 27
de la Ley General de la
Administración Pública 30 y el artículo
18 de la Ley de Resolución Alternativa
30 El artículo 27 de la Ley General de la Administración
Pública establece:
Artículo 27.-
1. Corresponderá a los Ministros conjuntamente
con el Presidente de la República las
atribuciones que les señala la Constitución y las
leyes, y dirigir y coordinar la Administración,
tanto central como, en su caso, descentralizada,
del respectivo ramo.
2. Corresponderá a ambos también apartarse de
los dictámenes vinculantes para el Poder
Ejecutivo.
3. Corresponderá a ambos, además transar y
comprometer en árbitros los asuntos del ramo.
de Conflictos y Promoción de la Paz
Social (Ley N° 7727) 31 reglamentan el
derecho al arbitraje que el artículo 43
constitucional le concede a todo
particular para solucionar sus
diferencias patrimoniales con la
administración.
De previo a describir brevemente las
etapas del procedimiento de solución
de controversias previsto en la
sección B del capítulo de inversión del
TLC, es importante aclarar tres
aspectos claves sobre la naturaleza
de este mecanismo.
En primer lugar, es importante
señalar que el procedimiento arbitral
previsto en los artículos 10.15 a
10.27 del capítulo 10 del TLC, no es
obligatorio, sino facultativo para el
inversionista. Es así que no
31 El artículo 18 de la Ley sobre Resolución Alternativa
de Conflictos y Promoción de la Paz Social estipula:
Artículo 18.- Arbitraje de controversias
Cuando las partes hayan convenido por escrito
que las controversias relacionadas con su
contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje
tales controversias se resolverán de conformidad
con la presente ley, sin perjuicio de lo que las
partes acuerden por escrito, siempre y cuando no
se oponga a las disposiciones prohibitivas o
imperativas de esta ley.
Podrán someterse a arbitraje las controversias de
orden patrimonial, presentes o futuras,
pendientes o no ante los tribunales comunes,
fundadas en derechos respecto de los cuales las
partes tengan plena disposición y sea posible
excluir la jurisdicción de los tribunales comunes.
Todo sujeto de derecho público, incluyendo el
Estado, podrá someter sus controversias a
arbitraje, de conformidad con las reglas de la
presente ley y el inciso 3) del artículo 27 de la
Ley General de la Administración Pública. (el
énfasis es nuestro).
Revista Rhombus ISSN 1659-1623 Vol. 2, Especial N° 3. Julio 2006