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Rhombus
o el mero perjuicio económico que
este pueda sufrir por una medida
adoptada por el Estado no constituye
por sí misma una expropiación.
Tercero, en principio y salvo
circunstancias excepcionales –por
ejemplo, que se demuestre que la
medida despoje totalmente del
derecho de propiedad a un solo
sujeto- las medidas que un Estado
adopte en ejercicio de su potestad
regulatoria de una manera no
discriminatoria y en pos de un interés
legítimo, no se considerarán
expropiaciones.
En síntesis, los criterios que el Anexo
10-C establece para considerar la
existencia o no de una expropiación
indirecta son plenamente
convergentes y compatibles con los
criterios que ya la jurisprudencia
costarricense ha desarrollado sobre
este mismo tema.
Además de reconocer la existencia de
la expropiación indirecta, el capítulo
de inversión en su artículo 10.7.1.
estipula cuatro parámetros mínimos
que los Estados parte deben respetar
al momento de realizar una
expropiación. Primero, que la
expropiación se haga por causa de un
propósito público; segundo, que la
expropiación no sea discriminatoria;
tercero, que exista un pago pronto,
adecuado y efectivo de una
indemnización al expropiado; y,
cuarto, que el proceso expropiatorio
se realice con apego al principio del
debido proceso.
En los incisos del 2 al 4 del artículo
10.7 se fijan los parámetros sobre el
pago de la indemnización, dentro de
los cuales resalta que la
indemnización deberá ser pagada sin
demora –es decir, sin atrasos
innecesarios una vez que haya
surgido la obligación de pagar-, ser
equivalente al valor de mercado que
tenga la inversión expropiada y ser
completamente liquidable y
libremente transferible. Estos
principios no contradicen sino que,
por el contrario, desarrollan y
refuerzan el derecho de propiedad
tutelado por el artículo 45 de la
Constitución Política y que ha sido
desarrollado en el país por medio de
la Ley de Expropiaciones.
7.- TRANSFERENCIAS
El artículo 10.8 del capítulo aborda el
tema de las transferencias. La
finalidad de una disposición como
esta es ofrecerle al inversionista la
flexibilidad de poder movilizar –tanto
hacia dentro como fuera del país- los
pagos relacionados con su inversión.
Lo anterior no significa forzar al
inversionista a repatriar capitales,
sino solamente ofrecerle la garantía
de poder hacerlo en caso de que
aquel opte por hacerlo. La seguridad
de la libertad de transferencia es una
de las variables a las que la inversión
productiva es más sensible. De allí
que, con el ánimo de atraer
crecientes flujos de inversión
productiva, desde hace ya varios
lustros la política económica de Costa
Revista Rhombus ISSN 1659-1623 Vol. 2, Especial N° 3. Julio 2006