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Rhombus
requerida por la necesidad de la
situación.
En estas dos hipótesis fácticas, en las
cuales el daño es generado por la
voluntad expresa o por la negligencia
de la administración, el Estado
receptor de la inversión es
responsable por el daño causado , y
por lo tanto, surge una obligación de
indemnizar. No obstante, el párrafo
tercero del artículo 10.6 señala que la
indemnización en estos casos no debe
ser “mediante un pago pronto” –como
sí se estipula en el primer párrafo del
artículo 10.7 para los casos de la
expropiación-, sino de “conformidad
con el derecho internacional
consuetudinario”, y una vez que haya
surgido la obligación de indemnizar
conforme a este último, la
indemnización deberá ser conforme al
artículo 10.7.2 al 10.7.3.
La redacción del párrafo 2 del artículo
10.6 fue cuidadosamente negociada
con el objeto de que fuera
plenamente compatible con el
contenido y alcance del artículo 45 de
la Constitución Política de Costa Rica.
Conforme a los términos de esta
última disposición, en situaciones en
que la administración haya requisado
la propiedad a un particular en casos
de emergencia, la indemnización no
debe ser previa -como sí lo estipula el
mismo artículo constitucional para
casos de expropiación en casos
normales- sino que el país dispone de
hasta 2 años para pagar una vez que
haya cesado el estado de emergencia.
El artículo 10.6 del capítulo de
inversión implica una obligación que
es más laxa que la establecida por el
artículo 45 de la Constitución. Lo
anterior por dos razones: primero, el
artículo 10.6 no obliga al Estado a
indemnizar a un inversionista en toda
situación de emergencia, sino
solamente en los dos supuestos
fácticos específicos señalados
anteriormente, a saber, la requisición
de la propiedad o la destrucción no
requerida por la necesidad de la
situación. Segundo, el artículo 10.6
del capítulo tampoco obliga a que la
indemnización –cuando proceda- sea
pronta, sino solamente a que sea
conforme con el derecho internacional
consuetudinario ya aceptado por
Costa Rica 22 .
6.- EXPROPIACIÓN
Tanto el derecho internacional como
el TLC reconocen que, si bien la
propiedad privada es un derecho
fundamental de los administrados,
dentro de sus potestades públicas los
Estados tienen la facultad de
expropiar un bien de un particular –
incluso contra la voluntad de este.
Dado que lo que está en juego es un
derecho fundamental del
administrado, a saber, la propiedad
privada, en prácticamente todos los
22
Es importante señalar que conforme al derecho
internacional consuetudinario tampoco existe una
obligación automática de indemnizar en casos de
contienda civil, mucho menos existe una obligación de
que una hipotética indemnización deba ser “pronta”,
como sí existe respecto a los casos de expropiación en
situaciones normales.
Revista Rhombus ISSN 1659-1623 Vol. 2, Especial N° 3. Julio 2006