Derecho - Ulacit

Derecho
Rhombus
NAFTA 21 . Con el objeto de incorporar
las lecciones aprendidas en la
aplicación de este último tratado, fue
que en el contexto de la negociación
del TLC con Centroamérica se optó
por aclarar por adelantado todos
estos aspectos.
En síntesis, las garantías ofrecidas a
la inversión cubierta en virtud del
artículo 10.5 del TLC implican
garantías básicas que ya Costa Rica
ofrece tanto a nacionales como
extranjeros en virtud de su propia
legislación, así como por ser parte de
la comunidad internacional de
naciones y aceptar el derecho
internacional consuetudinario que se
ha desarrollado en esta última. Es así
que en relación con esta garantía en
particular, el TLC tampoco implica
ninguna garantía nueva a la
inversión. En efecto, con o sin TLC,
Costa Rica debe respetar su derecho
interno y el derecho internacional
consuetudinario y, como el TLC no va
más allá de este último, el artículo
10.5 no implica entonces ninguna
obligación más allá de las ya
existentes en el ordenamiento jurídico
costarricense.
5.- TRATO EN CASO DE
CONTIENDA
El artículo 10.6 estipula el
tratamiento que las partes se
comprometen a ofrecer a los
inversionistas de otra parte y a sus
21 Para más información, véase el sitio de Internet oficial
del NAFTA: www.nafta-sec-alena.org.
inversiones, en situaciones de
conflictos armados o contiendas
civiles. El párrafo primero del artículo
10.6 no establece una obligación
automática de indemnizar las
pérdidas generadas a las inversiones
en estas situaciones, sino que
simplemente establece la obligación
de cada Parte a ofrecer un trato no
discriminatorio a los inversionistas y a
las inversiones cubiertas “con
respecto a las medidas que adopte o
mantenga en relación a pérdidas
sufridas por inversiones en su
territorio debido a conflictos armados
o contiendas civiles.” Contrario a
otros tratados bilaterales de inversión
en donde se establece la obligación
de conceder un trato no
discriminatorio en caso de
indemnización por pérdidas en toda
situación de emergencia, el artículo
10.6 solamente establece esta
obligación en situaciones de conflicto
armado o contienda civil.
Ahora bien, en el segundo párrafo del
artículo 10.6 se aborda otra situación,
y es aquella en la que un
inversionista en casos de conflicto
armado o contienda civil sufre
pérdidas no como consecuencia
indirecta de dichos conflictos, sino
como consecuencia directa de una
requisición de su inversión por parte
de las fuerzas o autoridades públicas
del país receptor de la inversión, o
como consecuencia de la destrucción
de su inversión por parte de dichas
fuerzas o autoridades
gubernamentales en situaciones en
las cuales dicha destrucción no era
Revista Rhombus ISSN 1659-1623 Vol. 2, Especial N° 3. Julio 2006