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Rhombus
cuyo contenido se explica en la
sección 2.11 de este artículo.
Segundo, la obligación de trato
nacional tampoco se aplica a
cualquier medida que una parte
adopte o mantenga en relación con
los sectores, subsectores o
actividades listados en el Anexo II a
los capítulos de servicios e inversión,
que en el caso de Costa Rica estipula:
Costa Rica se reserva el derecho
de adoptar o mantener
cualquier medida respecto a la
ejecución de leyes y al
suministro de servicios de
readaptación social así como los
siguientes servicios, en la
medida que sean servicios
sociales que se establezcan o
mantengan por un interés
público: seguro o seguridad de
ingreso, servicios de seguridad
social, bienestar social,
educación pública, capacitación
pública, salud, atención infantil,
servicios de alcantarillado
público y servicios de suministro
de agua.
Tercero, la obligación de trato
nacional tampoco se aplica en
ninguno de los supuestos de
excepción previstos en los párrafos 4
y 5 del artículo 10.13. Mientras que el
párrafo 4 establece que el trato
nacional no se aplica a cualquier
medida que constituya una excepción
a las obligaciones de propiedad
intelectual previstas en el artículo
15.1.8, el párrafo 5 explícitamente
establece que la obligación de trato
nacional no se aplica a la contratación
pública ni tampoco “a los subsidios o
donaciones otorgados por una Parte,
incluyendo los préstamos, garantías y
seguros apoyados por el gobierno”.
Esta última disposición nuevamente
refuerza la tendencia del TLC de
concederles a los gobiernos de los
Estados parte un amplio margen de
maniobra para identificar, delimitar y
ejecutar sus políticas públicas. Es así
que, contrario al campo del comercio
de las manufacturas, el capítulo de
inversión del TLC no le impide a los
Estados conceder subsidios para
fomentar la inversión productiva en
algún sector, actividad económica o
región geográfica en particular que el
país considere apropiado.
Por último, es importante señalar que
otra disposición del capítulo de
inversión se fundamenta en el
principio de trato nacional y lo
especifica a una situación concreta
muy particular. Este es el caso del
artículo 10.10, que versa sobre altos
ejecutivos y Directivas. Esta
disposición establece la obligación de
que ninguno de los signatarios del
TLC exija que una empresa que sea
una inversión cubierta, designe a
personas naturales de alguna
nacionalidad en particular para
ocupar puestos de alta dirección 17 . La
17 El segundo párrafo del artículo 10.10 permite, sin
embargo, que para efectos del nombramiento de los
miembros de las Juntas Directivas de empresas, un país
pueda exigir que la mayoría de los miembros sea de una
nacionalidad en particular o que residan en el territorio
del Estado receptor de la inversión, siempre y cuando
este requisito no menoscabe significativamente la
Revista Rhombus ISSN 1659-1623 Vol. 2, Especial N° 3. Julio 2006