Derecho - Ulacit
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<strong>Derecho</strong><br />
Rhombus<br />
constituyen bajo el ordenamiento de<br />
un país parte del TLC, pero en<br />
realidad no tienen ninguna actividad<br />
económica efectiva en el país en<br />
donde supuestamente están<br />
establecidas, sino en un tercer país, y<br />
además son controladas por<br />
inversionistas de países que no son<br />
signatarios del TLC.<br />
En suma, el artículo sobre el ámbito<br />
de aplicación, en conjunto con las<br />
definiciones de inversión e<br />
inversionista, delimitan el ámbito de<br />
aplicación inicial del capítulo 10, pues<br />
como se verá más adelante, el<br />
capítulo también contempla una serie<br />
de excepciones y reservas a algunas<br />
obligaciones específicas, las cuales se<br />
exponen a continuación.<br />
2.- TRATO NACIONAL<br />
El principio de trato nacional es uno<br />
de los pilares fundamentales sobre los<br />
que se basa el capítulo de inversión y<br />
se establece en el artículo 10.3 del<br />
TLC. En virtud de este principio, cada<br />
Parte podrá decidir sobre si regular o<br />
no un sector económico en particular<br />
–es decir, exigir requisitos para su<br />
prestación, establecer mecanismos de<br />
vigilancia o verificación de la<br />
prestación adecuada de las<br />
actividades económicas respectivas,<br />
etc 15 . No obstante, en la elaboración<br />
15 Es por ello que el artículo 10.14 del capítulo aclara<br />
explícitamente que la obligación de trato nacional “…no<br />
se interpretará en el sentido de impedir a una Parte<br />
adoptar o mantener una medida que prescriba<br />
formalidades especiales en relación a una inversión<br />
cubierta, tales como el requisito de que los inversionistas<br />
sean residentes de la Parte o que la inversiones cubiertas<br />
y aplicación de estas regulaciones,<br />
cada Parte se compromete a otorgar<br />
a los inversionistas de un país parte y<br />
a su inversión un trato no menos<br />
favorable que el concedido, en<br />
circunstancias similares, a<br />
inversionistas nacionales y a sus<br />
inversiones. En otras palabras, cada<br />
país es libre de regular un sector<br />
económico como estime conveniente,<br />
pero la regulación que se promulgue<br />
no podrá discriminar por razón de la<br />
nacionalidad del inversionista.<br />
Al igual que en el caso del principio<br />
de trato nacional existente en el<br />
capítulo de servicios, debe notarse<br />
que la obligación de trato nacional no<br />
implica, ni otorgar un trato más<br />
favorable a inversionistas extranjeros,<br />
ni tampoco conceder un trato idéntico<br />
a inversiones que no estén en<br />
circunstancias similares. El principio<br />
implica un trato “igual entre iguales y<br />
desigual entre desiguales”, siguiendo<br />
la máxima con que se ha interpretado<br />
el principio de igualdad ante la ley. En<br />
este sentido, es importante aclarar<br />
que el principio de trato nacional no<br />
es ajeno al derecho interno<br />
costarricense, y se refleja en el<br />
principio de igualdad entre<br />
extranjeros y nacionales protegido<br />
por el artículo 19 de la Constitución<br />
Política, así como también en todos<br />
los otros tratados de inversión<br />
suscritos por Costa Rica.<br />
La obligación de conceder trato<br />
nacional al inversionista de las partes<br />
se constituyan conforme a las leyes y regulaciones de la<br />
Parte…”.<br />
Revista Rhombus ISSN 1659-1623 Vol. 2, Especial N° 3. Julio 2006