Análisis del entorno competitivo del sector funerario español y ... - IE

Observatorio de Política de la Competencia
Instituto de Empresa
MENSAJES DESTACADOS
- La heterogeneidad de la normativa local a que condujo la liberalización de los
servicios funerarios de 1996 ha conllevado efectos muy desiguales en las
distintas ciudades españolas. Así, mientras que en ciertos municipios, la
liberalización ha determinado la entrada en escena de numerosas empresas
funerarias, en otros, los cambios han sido prácticamente mínimos.
- La pretendida (y discutida) liberalización absoluta a nivel nacional, que el
gobierno socialista propuso en marzo de 2005, se está desvirtuando en la
tramitación parlamentaria: se han introducido matices a los efectos de la
habilitación nacional, que han terminado por desvirtuar su eficacia (la autorización
municipal a las empresas funerarias ya no permite operar de modo pleno en el
territorio nacional, sino que dicha autorización se extiende únicamente al traslado de
cadáveres). De este modo, y con el propósito esgrimido de salvaguardar la
autonomía local y no invadir competencias ajenas, la pretendida liberalización de los
servicios funerarios parece haber quedado limitada, a día de hoy, a una libertad para
la prestación de servicio de transporte de cadáveres.
- Las propuestas de dinamización del sector olvidan problemas relevantes que
distorsionan el funcionamiento competitivo del mercado: deficiencias en la
regulación de los seguros de deceso, insuficiente transparencia de algunas
características peculiares de las pólizas y distorsión inadmisible provocada por
conductas inadmisibles de hospitales y residencias geriátricas.
- La relevante presencia de las compañías de seguros como demandantes de
servicios funerarios y la enorme trascendencia social de su cobertura (21
millones de españoles) exige reflexionar sobre la regulación de esta figura. La
regulación vigente es oscura e incomprensible, a diferencia de lo que ocurre con
otras modalidades de seguro mucho menos importantes.
- La prestación de servicios funerarios por la propia compañía aseguradora o
por sus filiales no es admisible de acuerdo con el régimen legal vigente. Es
preciso reflexionar sobre la prohibición y las razones que la justifican. Si la
conclusión es que la prohibición es justificada, debe cumplirse en la práctica.
- Los eventuales abusos de las compañías de seguros frente a las empresas
funerarias deben atajarse, en su caso, mediante la aplicación de la legislación
de defensa de competencia.
- La regulación y el control públicos deben afrontar la distorsión que puede
provocar en el funcionamiento del mercado la actuación de hospitales y
residencias geriátricas, que son agentes accidentales de la transacción
funeraria. No está justificado que obtengan ningún lucro de ella (que a la postre
pagarán los deudos) porque no aportan valor a la transacción. Deben comportarse
como meros transmisores de la información disponible sobre los proveedores
alternativos del servicio.
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