Análisis del entorno competitivo del sector funerario español y ... - IE

Observatorio de Política de la Competencia
Instituto de Empresa
Análisis del entorno competitivo del sector funerario
español y de los esfuerzos de liberalización
SUMARIO DETALLADO:
I. LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN ESPAÑA: HITOS Y
PROBLEMAS ACTUALES QUE PLANTEA
1. Hitos en el proceso de liberalización de los servicios funerarios (véase cuadro 1).
a. Situación inicial: la Ley de Bases de Régimen Local
b. El informe del Tribunal de Defensa de la Competencia «Remedios políticos…»
c. Real Decreto-ley 7/1996
d. Hoy: «Plan de Dinamización de la Economía e Impulso a la Productividad»
2. Principales problemas que plantea el proceso de liberalización de los servicios
funerarios
II. POTENCIALES RESTRICCIONES DERIVADAS DE LA PRESENCIA, REGULACIÓN Y
ACTUACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE DECESOS
1. Componente regulatorio
2. Defensa de la competencia en los mercados conexos de seguros de decesos y de
servicios funerarios
III. OTROS INTERMEDIARIOS PRESENTES EN EL MERCADO DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS (HOSPITALES Y RESIDENCIAS GERIÁTRICAS)
MENSAJES DESTACADOS
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RESUMEN EJECUTIVO Y AVANCE DE CONCLUSIONES
I. LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN ESPAÑA: HITOS Y
PROBLEMAS ACTUALES QUE PLANTEA
1. Hitos en el proceso de liberalización de los servicios funerarios (véase cuadro 1).
a. Situación inicial: la Ley de Bases de Régimen Local
El artículo 128.2 de la Constitución Española permite que, mediante una ley, se reserve al sector
público la prestación de servicios esenciales. Con base en esta previsión, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, que regula las Bases del Régimen Local (LBRL) reservó los “servicios mortuorios” a favor
de las entidades locales (en un sentido amplio los servicios funerarios pueden definirse como
todas las actividades a que da lugar la muerte de una persona, desde que ocurre el fallecimiento
hasta que recibe sepultura o es incinerada), facultando a tales entidades locales para ejercitar
dichas actividades en régimen de monopolio. Dichas actividades eran consideradas, por tanto,
un servicio público local.
b. El informe del Tribunal de Defensa de la Competencia «Remedios políticos…»
Así las cosas, en otoño de 1993, el Tribunal español de Defensa de la Competencia español
publicó su informe titulado «Remedios Políticos que pueden favorecer la libre competencia en los
servicios y atajar el daño causado por los monopolios». En este documento, el TDC analizaba
los monopolios locales, entre ellos los relativos a servicios mortuorios. El informe llegaba a la
conclusión de que no existían razones de mercado que justificaran la supervivencia de tales
monopolios, puesto que la actividad funeraria podía ser prestada por diferentes empresas en
régimen de libre competencia. En conclusión, el TDC proponía:
1º Excluir los servicios mortuorios de la reserva legal prevista en la LBRL.
2º Establecer para el ejercicio de esta actividad un sistema de licencia: a)reglada −es decir,
que se otorgue siempre que se cumplan ciertos requisitos objetivos−; b) de “numerus
apertus”; y c) que habilite para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional.
c. Real Decreto-ley 7/1996
Las recomendaciones del TDC no fueron tenidas en cuenta hasta varios años después: el Real
Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalización de la actividad económica, suprimía la referencia a los “servicios mortuorios” y en
su artículo 22 liberalizaba la prestación de servicios funerarios.
Asimismo, la norma recogía los consejos del TDC en relación con la necesidad de que las
empresas funerarias obtuvieran una autorización reglada y de “numerus apertus”, aunque no se
decía nada sobre la habilitación para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional.
Junto con el sector de los servicios mortuorios, en la misma reunión del Consejo de Ministros se
adoptaron otras medidas liberalizadoras, que afectaban:
a. Al Suelo 1 .
b. A los Colegios Profesionales 2 .
c. Al mercado de las Telecomunicaciones 3 .
1 Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, por el que se aprueban medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
Colegios Profesionales.
2 Real Decreto-ley 5/1996, …
3 Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones (derogado el año siguiente
por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones).
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Durante los años siguientes, como es bien sabido, el Gobierno continuaría con su proceso
liberalizador, que ha afectado a sectores como el gas, la electricidad y los transportes, entre
otros. Sin embargo, dada la escasa importancia relativa que representa el sector de las
empresas funerarias en relación con los demás mercados mencionados (se estima que el mismo
mueve, aproximadamente, en torno a 3.000 millones de euros al año), hubo entonces quien
calificó la liberalización de este sector como incompleta y no tan urgente, o puramente
decorativa.
d. Hoy: «Plan de Dinamización de la Economía e Impulso a la Productividad»
En su reunión de 25 de febrero de 2005, el nuevo Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas
que pretenden reactivar ciertos sectores (mercados financieros, energéticos, postales,
contratación pública, PYMEs, etc.). Para lograr tales propósitos, en algunas ocasiones el Plan
propone modificar su regulación material, mientras que en otras se persigue alterar su fiscalidad.
En relación con los servicios funerarios, el Plan establece unas medidas que, según el Consejo
de Ministros, facilitarán la competencia entre prestadores:
a. Continuar con las recomendaciones del TDC, cuando manifestó en su Informe que la
autorización extendida en un municipio debería habilitar a la empresa funeraria para
trabajar en todo el territorio nacional.
b. Encomendar al Gobierno que, antes de marzo de 2006, la normativa aplicable al sector
se adecue al nuevo marco liberalizador. En consecuencia, se sugiere modificar las
normas de policía sanitaria mortuoria y establecer condiciones de información a los
familiares de los fallecidos sobre los servicios funerarios disponibles.
Con el propósito de cumplir lo dispuesto en el Plan, el 18 de marzo de 2005 el Gobierno presentó
ante las Cortes un proyecto de Ley, que proponía modificar el Real Decreto-ley 7/1996
añadiendo a su artículo 22 la referencia a que «la autorización concedida en cualquier
Ayuntamiento habilitará para la prestación de servicios funerarios en todo el territorio español.»
En la actualidad la Ley, que continúa su proceso de elaboración en las Cortes, ha sufrido
modificaciones en relación con el texto original del proyecto. Así, en la versión remitida al
Senado y tras la incorporación de una enmienda transaccional propuesta por el PSOE, se
introducen las siguientes modificaciones:
1º Se establece que los requisitos objetivos que prevean los Ayuntamientos para conceder la
autorización municipal respeten los criterios mínimos fijados por la Administración
competente.
2º Se prevé que las normas que regulen los requisitos de las autorizaciones no tengan como
efecto desvirtuar la liberalización.
3º Se autoriza a las empresas funerarias que obtengan la autorización municipal, no a prestar
todos sus servicios en cualquier lugar del territorio español (como se indicaba en la primera
versión del proyecto de ley), sino únicamente a prestar la actividad consistente en el
traslado de cadáveres, cuando cumplan en cada caso con las normas de policía sanitaria
mortuoria aplicables.
2. Principales problemas que plantea el proceso de liberalización de los servicios
funerarios
Está claro que liberalizar no resulta sencillo: el tránsito de un sistema regulado con una
presencia del sector público fuerte (e incluso exclusiva, en ocasiones) a otro en el cual se
autorice la libre entrada de particulares, presenta ciertos problemas de transición y de nueva
regulación.
Es necesario en este punto que el legislador garantice, entre otros principios, el de equilibrio
entre los intereses particulares y el interés general, el de no discriminación entre las empresas
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concurrentes y el del mantenimiento de un servicio universal. Todo ello con el objetivo de que
finalmente se proporcione al consumidor una oferta de servicios y precios tan alta como sea
posible.
Sin embargo, la primera fase liberalizadora de los servicios funerarios (la operada por el Real
Decreto-ley 7/1996), no obtuvo los efectos deseados:
− Se desconocían los motivos reales que impulsaron la reforma liberalizadora,
proporcionalmente mucho menos relevante que otros cambios realizados con más retraso.
− El artículo 22 del Real Decreto-ley 7/1996 dejaba cuestiones sin resolver, que dieron lugar
a no pocas resoluciones administrativas y judiciales sobre la materia.
− La medida no venía acompañada de una normativa básica de aplicación a los municipios,
lo cual provocó la aprobación de Ordenanzas municipales de contenido dispar, con los
correspondientes desequilibrios que ello implica.
Ejemplos:
• Capital para el ejercicio de la actividad
Para que una persona jurídica (sociedad mercantil o cooperativa) pueda ejercer la actividad
de servicios funerarios en Barcelona, es necesario que acredite disponer de un capital
mínimo completamente desembolsado de 600.000 euros, mientras que dicho requisito no se
exige en Madrid 4 .
• Flota de vehículos necesaria
La normativa catalana no exige un número determinado de vehículos, mientras que la
Ordenanza madrileña dispone que deberá disponerse de u mínimo de 10 vehículos, además
de un furgón refrigerado y un furgón cerrado. La Ordenanza de Zaragoza, por su parte,
dispone que la empresa deberá contar además con un furgonetario de color claro para
cadáveres de niños 5 .
• Tanatorio o velatorio
La Ordenanza barcelonesa dispone que la empresa funeraria deberá disponer de velatorios o
tanatorios, que dispondrán de los requisitos establecidos (número mínimos de salas,
disposición de las mismas, etc.). Por el contrario, la Ordenanza madrileña prevé que la oferta
de tanatorio será opcional.
La heterogeneidad de estas normas ha conllevado efectos muy desiguales en las distintas
ciudades españolas. Así, mientras que en ciertos municipios, la liberalización ha determinado la
entrada en escena de numerosas empresas funerarias, en otros, los cambios han sido
prácticamente mínimos.
Todo lo anterior obliga a preguntarse si los procesos de liberalización en España se desarrollan
adecuadamente. Y en caso de respuesta negativa, por qué en España se liberaliza mal y si en
otros países las experiencias liberalizadoras tienen resultados tan desalentadores.
Los cambios que propone ahora el Gobierno, expuestos en su «Plan…», pretendían dar un paso
adelante en la liberalización de los servicios funerarios, y llevar a la práctica la recomendación
del TDC, en el sentido de que la autorización concedida por un municipio habilitara a las
empresas funerarias para ejercer estos servicios en todo el territorio nacional.
Sin embargo, la versión salida del Congreso de los Diputados incorpora ya las variaciones
pactadas con diversos grupos parlamentarios, y se aparta de la redacción original. En ciertos
aspectos, la nueva fórmula introduce mejoras destinadas a solucionar el problema de la
inexistencia de requisitos mínimos que vinculen a los Ayuntamientos al redactar su normativa
local. En otros, por el contrario, se introducen matices a los efectos de la habilitación nacional,
que han terminado por desvirtuar su eficacia: la autorización municipal a las empresas funerarias
4 “Ordenança reguladora del serveis funeraris de Barcelona”, de 18 de noviembre de 1997.
“Ordenanza Reguladora de los requisitos para la Prestación de Servicios Funerarios en el Municipio de Madrid”, de
21 de marzo de 1997.
5 “Ordenanza Reguladora de Empresas Funerarias”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 7 de abril de
1983.
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ya no permite operar de modo pleno en el territorio nacional, sino que dicha autorización se
extiende únicamente al traslado de cadáveres. De este modo, y con el propósito esgrimido de
salvaguardar la autonomía local y no invadir competencias ajenas, la pretendida liberalización de
los servicios funerarios parece haber quedado limitada, a día de hoy, a una libertad para la
prestación de servicio de transporte de cadáveres.
Ante tal merma en relación con los propósitos iniciales de la norma, no es de extrañar que haya
ahora quien hable de esta reforma como una liberalización «de relleno», que por sus efectos
limitados no encaja en la ambiciosa calificación de «medida para el impulso a la productividad».
Como conclusión hay que recordar que, inmersos dentro de este fervor liberalizador que dictan,
tanto las instituciones comunitarias, como las propias exigencias de la actual economía de
mercado, resulta preciso un proceso de liberalización ordenado y que garantice en todo caso la
seguridad jurídica y los derechos del consumidor. La formulación de una nueva visión del Estado
y de un concepto moderno del servicio público −así como de las obligaciones que éste conlleva−
debe realizarse con intervención de las partes interesadas y con un fomento real de la
competencia desde las instancias legislativas, sin que el esquema competencial constitucional
pueda servir de freno a este desarrollo.
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1º 1985: Ley de Bases de
3º
Régimen Local (LBRL)
2005: Proyecto de Ley de Reformas para el
impulso a la Productividad
Art. 86.3
«Se declara la reserva a favor de las entidades locales de las
siguientes actividades o servicios esenciales: (…) servicios
mortuorios (…)
La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de
monopolio requiere, además de lo dispuesto en el número 2
de este artículo, la aprobación por el órgano de gobierno de
la Comunidad Autónoma.»
Art. 22. Liberalización de los servicios funerarios
«Se liberaliza la prestación de los servicios funerarios.
Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamientos podrán someter a
autorización la prestación de dichos servicios. La autorización tendrá
carácter reglado, debiéndose precisar normativamente los requisitos
objetivos necesarios para obtenerla y se concederá a todo solicitante
que reúna los requisitos exigidos y acredite disponer de los medios
materiales necesarios para efectuar el transporte de cadáveres.
La autorización concedida en cualquier Ayuntamiento habilitará
para la prestación de servicios funerarios en todo el territorio
español.»
2º 1996: Liberalización
4º
(R.D.-ley 7/1996)
Texto aprobado tras el primer paso por el
Congreso (14 de julio de 2005)
Art. 22. Liberalización de los servicios funerarios
«Se liberaliza la prestación de los servicios funerarios.
Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamientos podrán
someter a autorización la prestación de dichos servicios. La
autorización tendrá carácter reglado, debiéndose precisar
normativamente los requisitos objetivos necesarios para
obtenerla y se concederá a todo solicitante que reúna los
requisitos exigidos y acredite disponer de los medios
materiales necesarios para efectuar el transporte de
cadáveres.»
−Además, se suprime la reserva de los servicios mortuorios
que la Ley 7/1985 concedía a las Entidades locales (art. 86.3
LBRL 7/1985) −
Art. 22. Liberalización de los servicios funerarios
«Se liberaliza la prestación de los servicios funerarios.
Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamientos podrán someter a
autorización la prestación de dichos servicios. La autorización tendrá
carácter reglado, debiéndose precisar normativamente, de acuerdo
con los criterios mínimos que, en su caso, fijen el Estado y las
Comunidades Autónomas en desarrollo de sus competencias, los
requisitos objetivos necesarios para obtenerla y se concederá a todo
solicitante que reúna los requisitos exigidos y acredite disponer de los
medios materiales necesarios para efectuar el transporte de
cadáveres. Las normas que regulen los requisitos de las
autorizaciones para la prestación de estos servicios no podrán
establecer exigencias que desvirtúen la liberalización del sector.
Los prestadores de servicios funerarios que obtengan de
cualquier Ayuntamiento la autorización a que hace referencia el
párrafo anterior, conforme a los criterios en él expresados,
podrán realizar en todo el territorio español la actividad asociada
a sus funciones principales consistente en el traslado de
cadáveres, cumpliendo en cada caso los requisitos establecidos
en las normas de policía sanitaria mortuoria aplicables.»
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II. POTENCIALES RESTRICCIONES DERIVADAS DE LA PRESENCIA, REGULACIÓN Y
ACTUACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE DECESOS
1. Componente regulatorio
La dinámica competitiva del sector funerario español se encuentra en gran medida condicionada
por la existencia del seguro de deceso, en virtud del cual las compañías aseguradoras
garantizan la prestación de los servicios funerarios requeridos por el asegurado en el momento
de su fallecimiento.
El éxito de esta figura contractual, específica del mercado español, ha determinado que
alrededor de 21 millones de españoles cuenten con un seguro de deceso; de modo que las
compañías aseguradoras canalizan alrededor del 60% de la demanda de servicios funerarios en
España y gozan, por tanto, de un importante poder de negociación frente a las empresas de
servicios funerarios.
Si tenemos en cuenta que tres compañías aseguradoras (Santa Lucía, Ocaso, Mapfre)
concentran alrededor del 75% de las pólizas de seguros de decesos y dado el envejecimiento de
sus carteras, se puede concluir que estas tres grandes aseguradoras de decesos controlan
alrededor del 50% de las prestaciones anuales de servicios funerarios en España.
Dos de las tres compañías cuentan, además, con su propia empresa funeraria (la funeraria de
Ocaso es SERVISA y la de Santa Lucía es ALBIA), de modo que el fuerte poder de negociación
derivado de su cuota de mercado en seguros de deceso y su integración vertical en el mercado
de servicios funerarios les otorga una gran capacidad de influencia del comportamiento del
sector funerario.
Ante esta situación, deben destacarse dos importantes cuestiones que podrían dar lugar a
comportamientos anticompetitivos por parte de las aseguradoras de decesos o que, incluso,
pudiera requerir una mayor intervención regulatoria para evitar problemas en un sector que, por
la amplia base de población asegurada, tiene una enorme trascendencia social:
1.- Existe una clara deficiencia en la regulación de los seguros de deceso, que
tiene al menos tres manifestaciones relevantes:
- en primer lugar, el régimen vigente no indica con suficiente claridad la existencia de
una prohibición de integración vertical consistente en la prestación de servicios
funerarios a terceros (no asegurados) por parte de las compañías aseguradoras, o
los organismos reguladores y de control no velan estrictamente por su cumplimiento.
La actual regulación prohíbe a las compañías aseguradoras el ejercicio de cualquier
actividad comercial distinta de la actividad aseguradora y exige que las compañías
limiten su objeto social a la actividad aseguradora, con exclusión de cualquier otra
actividad comercial y, sin embargo, las compañías aseguradoras de decesos se
encuentran en un claro proceso de integración vertical hacia delante:

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Cuadro nº 2
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados
Art. 4.1 1. Quedan prohibidas a las entidades aseguradoras, y su realización
determinará su nulidad de pleno derecho, las siguientes operaciones:
a) Las que carezcan de base técnica actuarial.
b) El ejercicio de cualquier otra actividad comercial (...).
Art. 5.2.b)
1. El acceso a las actividades definidas en el artículo 3.1 [actividades de
seguro directo, operaciones de capitalización, operaciones preparatorias o
complementarias de las de seguro o capitalización y actividades de
prevención de daños vinculadas a la actividad aseguradora] por entidades
aseguradoras españolas estará supeditado a la previa obtención de
autorización administrativa del Ministro de Economía y Hacienda.
2. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización
administrativa los siguientes: (...)
b) Limitar su objeto social a la actividad aseguradora y a las
operaciones definidas en el artículo 3.1 de esta Ley [actividades de seguro
directo, operaciones de capitalización, operaciones preparatorias o
complementarias de las de seguro o capitalización y actividades de
prevención de daños vinculadas a la actividad aseguradora].
- en segundo lugar, las bases técnicas que dan lugar al cálculo de provisiones
obligatorias para las compañías de decesos resultan insuficientes para garantizar la
cobertura de los riesgos asumidos frente a los asegurados; y,
- en tercer lugar, la configuración de este seguro como anual renovable y la imposibilidad
regulatoria y práctica de rescate de primas para todos los ejercen un importante efecto
“fidelizador” de los asegurados que los deja en una posición “cautiva” frente a las
compañías aseguradoras.
En este sentido, cabe concluir que las compañías de decesos gozan de una injustificada
ventaja derivada de la insuficiente, incompleta o incorrecta regulación y supervisión de
su actividad.
2.- Por otra parte, existe una clara deficiencia informativa a los asegurados por las
compañías de seguros de deceso en cuanto a la relación existente entre el alcance de las
prestaciones aseguradas y el coste total de las primas de este seguro. Estudios recientes
indican que la proporción entre el total de primas satisfechas por el asegurado medio y el
coste de la prestación media de los servicios funerarios es superior a 3:1.
De este modo, por la ventaja que, en principio, ofrecen las compañías aseguradoras de
decesos (esto es, evitar a los deudos del fallecido las molestias y preocupaciones propias
de la negociación y contratación de servicios funerarios), el precio podría resultar
desproporcionado. Sin embargo, dada la falta de transparencia en la información al
asegurado, no existe un conocimiento generalizado del coste real de este tipo de seguros
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(que aparentemente podrían parecer comparativamente baratos, dada la menor prima
frente a otros tipos de seguros como los médicos o de automóviles).
Por tanto, cabría concluir que para la mejor protección de los intereses de los
consumidores y usuarios, debería regularse una mayor obligación de transparencia e
información a los asegurados por las compañías de decesos. De este modo, al tener un
mayor conocimiento del coste real de este tipo de seguros, podría ser que parte de la
demanda de seguros se desplazara hacia la contratación directa con las empresas
funerarias; reduciendo en parte los potenciales problemas derivados de la concentración
de demanda por parte de las compañías aseguradoras.
Por todo lo anterior, parece que la adopción de medidas regulatorias encaminadas a mejorar la
regulación técnica del seguro de decesos y de la actividad de las compañías aseguradoras
dedicadas a este ramo, así como dedicadas a potenciar la transparencia e información a los
asegurados por parte de las compañías, podrían tener importantes efectos dinamizadores del
sector de servicios funerarios y podrían reforzar la competencia en el mismo.
2. Defensa de la competencia en los mercados conexos de seguros de decesos y de
servicios funerarios
Por otra parte, y como consecuencia de la situación de importancia (o, incluso, de preeminencia)
de las compañías aseguradoras frente a las empresas de servicios funerarios, cabe plantearse la
adopción de medidas de defensa de la competencia para corregir algunas posibles distorsiones
que las compañías aseguradoras de decesos pueden estar generando en el mercado de los
servicios funerarios.
1.- En primer lugar, cabría sostener que las deficiencias regulatorias ya indicadas (y
especialmente el incumplimiento de algunas de las normas menos claras o menos
perseguidas por las autoridades responsables del control de la actividad de las compañías
aseguradoras) dan lugar a prácticas de competencia desleal por violación de normas.
En este escenario, la prestación de servicios funerarios a terceros no asegurados por parte
de empresas funerarias filiales (o controladas) por las compañías de seguros, siendo
desleales, pueden tener una clara relevancia anticompetitiva y estar, por tanto, sancionadas
por la Ley de Defensa de la Competencia.
2.- En segundo lugar, cabría sostener que las empresas funerarias (o, al menos, la mayor
parte de ellas, que son las de menor tamaño y recursos financieros) se encuentran en una
clara situación de dependencia económica respecto a las compañías de seguros de deceso
que, recordemos, controlan aproximadamente el 60% de la demanda de servicios funerarios.
Partiendo de esta situación de dependencia económica, parece claro que la integración
vertical por parte de las compañías aseguradoras puede reforzar (todavía más) el poder de
negociación frente a las empresas funerarias (en un proceso similar al identificado como
“efecto espiral” en el sector del comercio minorista y, especialmente, de la distribución de
bienes de gran consumo); favoreciendo el abuso de dicha situación de dependencia
económica por parte de las compañías aseguradoras.
Estas prácticas de abuso de la situación de dependencia económica de las empresas
funerarias por parte de las compañías de seguros podría constituir una modalidad especial
de abuso de posición de dominio, también sancionada por la Ley de Defensa de la
Competencia.
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Por todo lo anterior, consideramos que un refuerzo de la actividad inspectora y sancionadora por
parte de las autoridades de defensa de la competencia en este sector podría contribuir
notablemente a una mejora de la situación competitiva y, por tanto, a su dinamización.
III. OTROS INTERMEDIARIOS PRESENTES EN EL MERCADO DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS (HOSPITALES Y RESIDENCIAS GERIÁTRICAS)
Por otra parte, debe tenerse en cuenta la presencia de otros agentes intermediarios en el
mercado de los servicios funerarios: los hospitales y las residencias geriátricas. Dadas las
actuales tendencias socio-sanitarias, la mayoría de los fallecimientos se producen en estos
centros, que se configuran en importantes puntos de acceso de los prestadores de servicios
funerarios a potenciales clientes (al menos, en el caso de los fallecidos no asegurados).
Por tanto, los hospitales y residencias geriátricas (y más concretamente su personal) se
convierten en guardabarreras (o “gatekeepers”) y regulan el acceso de las empresas funerarias
al mercado. Y en el desempeño de este rol, son muchos los incentivos existentes para tratar de
canalizar la demanda de servicios funerarios en función de criterios distintos de la protección de
los intereses de los deudos y de las obligaciones de servicio público propias de la mayoría de
estos centros.
Adicionalmente, existen indicios que apuntan a una insuficiente intervención de las autoridades
sanitarias en el control, represión y sanción de este tipo de prácticas; de modo que, actualmente,
los hospitales y residencias geriátricas podrían no estar sometidos a un régimen disciplinario y
sancionador adecuadamente supervisado y ejecutado por parte de las autoridades sanitarias.
Esta situación, ajena en gran parte a la actual regulación por tratarse de un fenómeno
relativamente reciente y con tintes que lo alejan del debate público, ha sido objeto de gran
litigiosidad ante las autoridades españolas de defensa de la competencia y constituye otro de los
principales focos de restricciones y distorsiones a la libre competencia en el mercado de
servicios funerarios.
En nuestra opinión, la adopción de medidas regulatorias encaminadas a disciplinar la conducta
de los hospitales y residencias geriátricas (y especialmente de su personal), así como a
incrementar las obligaciones de información (neutral) a los deudos de los fallecidos sobre las
distintas posibilidades relacionadas con la contratación de los servicios funerarios que requieran
en ese momento, pueden contribuir sustancialmente a la dinamización del sector de servicios
funerarios y a reforzar la competencia en el mismo. Estas medidas regulatorias deberían ir
acompañadas de un refuerzo en la actividad controladora y sancionadora por parte de las
autoridades sanitarias, de modo que pueda elevarse el grado de cumplimiento coercitivo de las
normas como mecanismo corrector efectivo de las actuales prácticas anticompetitivas en el
mercado funerario.
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MENSAJES DESTACADOS
- La heterogeneidad de la normativa local a que condujo la liberalización de los
servicios funerarios de 1996 ha conllevado efectos muy desiguales en las
distintas ciudades españolas. Así, mientras que en ciertos municipios, la
liberalización ha determinado la entrada en escena de numerosas empresas
funerarias, en otros, los cambios han sido prácticamente mínimos.
- La pretendida (y discutida) liberalización absoluta a nivel nacional, que el
gobierno socialista propuso en marzo de 2005, se está desvirtuando en la
tramitación parlamentaria: se han introducido matices a los efectos de la
habilitación nacional, que han terminado por desvirtuar su eficacia (la autorización
municipal a las empresas funerarias ya no permite operar de modo pleno en el
territorio nacional, sino que dicha autorización se extiende únicamente al traslado de
cadáveres). De este modo, y con el propósito esgrimido de salvaguardar la
autonomía local y no invadir competencias ajenas, la pretendida liberalización de los
servicios funerarios parece haber quedado limitada, a día de hoy, a una libertad para
la prestación de servicio de transporte de cadáveres.
- Las propuestas de dinamización del sector olvidan problemas relevantes que
distorsionan el funcionamiento competitivo del mercado: deficiencias en la
regulación de los seguros de deceso, insuficiente transparencia de algunas
características peculiares de las pólizas y distorsión inadmisible provocada por
conductas inadmisibles de hospitales y residencias geriátricas.
- La relevante presencia de las compañías de seguros como demandantes de
servicios funerarios y la enorme trascendencia social de su cobertura (21
millones de españoles) exige reflexionar sobre la regulación de esta figura. La
regulación vigente es oscura e incomprensible, a diferencia de lo que ocurre con
otras modalidades de seguro mucho menos importantes.
- La prestación de servicios funerarios por la propia compañía aseguradora o
por sus filiales no es admisible de acuerdo con el régimen legal vigente. Es
preciso reflexionar sobre la prohibición y las razones que la justifican. Si la
conclusión es que la prohibición es justificada, debe cumplirse en la práctica.
- Los eventuales abusos de las compañías de seguros frente a las empresas
funerarias deben atajarse, en su caso, mediante la aplicación de la legislación
de defensa de competencia.
- La regulación y el control públicos deben afrontar la distorsión que puede
provocar en el funcionamiento del mercado la actuación de hospitales y
residencias geriátricas, que son agentes accidentales de la transacción
funeraria. No está justificado que obtengan ningún lucro de ella (que a la postre
pagarán los deudos) porque no aportan valor a la transacción. Deben comportarse
como meros transmisores de la información disponible sobre los proveedores
alternativos del servicio.
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