FILIPINAS - IE
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programas de protección de testigos exigen una financiación más<br />
abultada y un diseño más adecuado a la función que persiguen.<br />
Elegido tras una campaña electoral enfocada en la lucha contra<br />
la corrupción, el respeto por los Derechos Humanos y la intolerancia<br />
a la impunidad, la mayoría de los defensores de DD.HH.<br />
concuerdan en que el Gobierno Aquino representa un cambio de<br />
paradigma con respecto a la etapa anterior. El Presidente Aquino<br />
ha adoptado un discurso y medidas de compromiso reforzado con<br />
los DD.HH. Entre las más recientes, destacan la inclusión de los<br />
derechos humanos como eje transversal del Plan de Desarrollo de<br />
Filipinas y del Plan de Seguridad Interna, la creación de oficinas<br />
de DD.HH. tanto en Policía como en FF.AA., la inclusión de programas<br />
de formación en DD.HH. para las Fuerzas de Seguridad<br />
así como una mayor apertura hacia la Sociedad Civil. No obstante<br />
lo anterior, algunos defensores critican que los cambios han sido<br />
cosméticos o retóricos y que el Presidente Aquino no ha cumplido<br />
gran parte de sus promesas electorales. Es evidente que los<br />
desafíos en materia de protección y promoción de los DD.HH. son<br />
significativos y requieren de una mayor voluntad política.<br />
En Filipinas, existe un alto grado de violencia política que va<br />
acompañada de un clima de impunidad para los poderosos. La<br />
proliferación de armas de fuego, la debilidad del Estado, el conflicto<br />
abierto con las insurgencias mora y comunista y la lucha contra el<br />
terrorismo son el telón de fondo de la violencia. En el marco de<br />
las operaciones contra la insurgencia, se denuncian por las ONGs<br />
tanto un uso desproporcionado de la fuerza por las FF.AA. como<br />
el acuartelamiento en escuelas y detenciones arbitrarias. Especial<br />
atención merece la lacra de las desapariciones forzosas y de los<br />
denominados asesinatos extrajudiciales. Aunque no es una pauta<br />
sistemática, ni una política de Estado, el fenómeno sigue siendo<br />
alarmante.<br />
Los grupos más vulnerables han sido tradicionalmente militantes<br />
de izquierda, miembros del NPA, jueces, sindicalistas, sacerdotes,<br />
activistas de derechos humanos y periodistas así como<br />
de delincuentes comunes o niños de la calle. En una mayoría de<br />
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