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FILIPINAS - IE

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programas de protección de testigos exigen una financiación más<br />

abultada y un diseño más adecuado a la función que persiguen.<br />

Elegido tras una campaña electoral enfocada en la lucha contra<br />

la corrupción, el respeto por los Derechos Humanos y la intolerancia<br />

a la impunidad, la mayoría de los defensores de DD.HH.<br />

concuerdan en que el Gobierno Aquino representa un cambio de<br />

paradigma con respecto a la etapa anterior. El Presidente Aquino<br />

ha adoptado un discurso y medidas de compromiso reforzado con<br />

los DD.HH. Entre las más recientes, destacan la inclusión de los<br />

derechos humanos como eje transversal del Plan de Desarrollo de<br />

Filipinas y del Plan de Seguridad Interna, la creación de oficinas<br />

de DD.HH. tanto en Policía como en FF.AA., la inclusión de programas<br />

de formación en DD.HH. para las Fuerzas de Seguridad<br />

así como una mayor apertura hacia la Sociedad Civil. No obstante<br />

lo anterior, algunos defensores critican que los cambios han sido<br />

cosméticos o retóricos y que el Presidente Aquino no ha cumplido<br />

gran parte de sus promesas electorales. Es evidente que los<br />

desafíos en materia de protección y promoción de los DD.HH. son<br />

significativos y requieren de una mayor voluntad política.<br />

En Filipinas, existe un alto grado de violencia política que va<br />

acompañada de un clima de impunidad para los poderosos. La<br />

proliferación de armas de fuego, la debilidad del Estado, el conflicto<br />

abierto con las insurgencias mora y comunista y la lucha contra el<br />

terrorismo son el telón de fondo de la violencia. En el marco de<br />

las operaciones contra la insurgencia, se denuncian por las ONGs<br />

tanto un uso desproporcionado de la fuerza por las FF.AA. como<br />

el acuartelamiento en escuelas y detenciones arbitrarias. Especial<br />

atención merece la lacra de las desapariciones forzosas y de los<br />

denominados asesinatos extrajudiciales. Aunque no es una pauta<br />

sistemática, ni una política de Estado, el fenómeno sigue siendo<br />

alarmante.<br />

Los grupos más vulnerables han sido tradicionalmente militantes<br />

de izquierda, miembros del NPA, jueces, sindicalistas, sacerdotes,<br />

activistas de derechos humanos y periodistas así como<br />

de delincuentes comunes o niños de la calle. En una mayoría de<br />

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