FILIPINAS - IE

ginales o testimoniales. Los partidos mayoritarios en el Congreso
apenas tienen diferencias ideológicas. Suscriben la democracia
liberal y la economía de mercado. No articulan intereses específicos
de clase, sector o geográficos, si bien todos tienen un barniz
nacionalista. Como vehículos para alcanzar el poder, tratan de
expresar principios políticos que atraigan a todo el espectro del
electorado y que antagonizan con el menor número posible de
votantes. Sus vínculos con organizaciones religiosas y grupos
ideológicos son transitorios, tácticos y oportunistas. Los partidos
políticos se basan en las personalidades más que en aspectos
ideológicos y cuentan con estructuras muy débiles. Hasta cierto
punto se puede afirmar que en Filipinas no hay partidos políticos,
solo políticos. Los partidos son primordialmente instrumentos de
ayuda mutua para obtener, retener y explotar cargos públicos.
Asimismo, brillan por su ausencia auténticos programas electorales
que puedan ser seguidos por los votantes y del que respondan
los dirigentes políticos por su ejecución.
Una característica fundamental del Estado filipino es su fragilidad
institucional. En términos de poder, el sistema democrático ha
sido rehén de las élites político-económicas que se han perpetuado
y que mantienen las instituciones bajo su control, dejando un
amplio margen para la intervención de la Iglesia católica, grupos
religiosos y las Fuerzas Armadas, deseosos, todos ellos, de mantener
cierto status quo. Todo ello ha favorecido en determinadas
épocas una cierta inestabilidad política congénita.
• Organización territorial
La Constitución de 1987 establece una organización centralista
del Estado, si bien reconoce la autonomía de las corporaciones
locales y dos regiones autónomas: la Región Autónoma del Mindanao
Musulmán y la Región Autónoma de la Cordillera.
Filipinas está dividida en diecisiete regiones, ochenta y un
provincias, 131 ciudades, 1,497 municipios, y 41,994 Barangays.
El gobierno local lo componen los gobernadores, miembros del
consejo provincial, alcaldes y consejeros. Disponen de autonomía
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