Informe completo en formato Pdf - Cepal

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médico de rehabilitación en lugar del modelo de los derechos humanos en el área de la salud; iv) vacíos
en el alcance de los servicios básicos que prestaban los gobiernos a las poblaciones de las localidades más
remotas; v) escasez de campañas de concientización que promovieran un cambio cultural en la percepción
del potencial de las personas con discapacidad; vi) persistencia de las barreras arquitectónicas que
constituían contravenciones del derecho al libre tránsito; vii) falta de difusión de la Convención
internacional y la Convención Interamericana, más allá de la comunidad de personas con discapacidad;
viii) contradicciones en el análisis de los datos estadísticos disponibles; ix) ausencia de planes de acción o
políticas públicas nacionales; x) falta de asignaciones suficientes para los consejos nacionales de
discapacidad en los presupuestos nacionales, y xi) obstáculos a la participación política, por ejemplo, en
el caso de los procesos electorales poco accesibles.
97. La especialista de la OEA también resaltó prácticas institucionales positivas que se contraponían
a esos obstáculos. Destacó al respecto: i) las leyes nacionales específicas de discapacidad de Chile, Costa
Rica, Haití, México, Nicaragua y el Uruguay; ii) la creación de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Nicaragua y de unidades administrativas de
inserción laboral en el seno de los ministerios de trabajo de la Argentina, México y Panamá; iii) la
inclusión de una perspectiva de discapacidad en el presupuesto de México y la creación en el Uruguay de
un fondo rotatorio para el desarrollo de proyectos presentados por organizaciones de personas con
discapacidad; iv) la reciente elaboración en México de un simulacro de procesos electorales accesibles;
v) los planes de educación inclusiva y atención a la discapacidad de Panamá y la República Dominicana;
vi) los avances en el levantamiento de estadísticas y datos en el Brasil y Chile, con una mención especial
sobre la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad (PENDIS) de 2006 en Panamá; vii) la campaña
masiva de concientización social de la República Dominicana a través de la radio y la televisión, y viii) el
programa de rehabilitación basada en la comunidad en el Uruguay.
98. En cuanto a los problemas de accesibilidad, destacó la promulgación en Colombia del Decreto
1538 para reglamentar las condiciones básicas de accesibilidad en espacios públicos y viviendas, el inicio
de la primera fase de la modalidad de transporte público cien por ciento accesible en una municipalidad
de Guatemala, el Plan Nacional de Accesibilidad Universal de Panamá y la Ley 17.497 de accesibilidad
en edificios del Uruguay. En materia de certificación de la discapacidad, mencionó el ejemplo de los
gobiernos de la Argentina, Nicaragua y el Uruguay, que entregaban certificados de acceso a los servicios
de salud y ofrecían transporte público gratuito a las personas afectadas.
99. Por último, hicieron uso de la palabra representantes de la Unión Latinoamericana de Ciegos
(ULAC), CORFAUSAM y Bioscorpore, que insistieron en la vital importancia del fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil y de la participación ciudadana y comunitaria de las personas con
discapacidad en todos los procesos políticos y sociales. Alertaron sobre la presencia de otras formas de
exclusión que surgían de las acciones a favor de las personas con discapacidad y se construían sobre la
base de una exposición exagerada de su situación y condiciones. Denunciaron al respecto que esta
aparente visibilidad no implicaba tratar a las personas con discapacidad como sujetos políticos de
derechos, sino más bien como objetos estratégicos de las políticas económicas.
Panel 7: Prioridades estratégicas de la agenda regional
100. En este panel hicieron uso de la palabra Martín Hopenhayn, Director de la División de Desarrollo
Social de la CEPAL; María Elisa Bernal, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social;
María Verónica Reina, Directora Ejecutiva de la Alianza Mundial para la Discapacidad y el Desarrollo;
Carolina Cuevas, de la Fundación Saldarriaga Concha (Colombia); Pamela Molina, Gerente de Proyectos