Informe completo en formato Pdf - Cepal

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30 iniciativas del Gobierno del Ecuador y del Vicepresidente Lenín Moreno se articulaban de manera sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional para el Buen Vivir. Aprovechó la oportunidad para anunciar la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidades Manuela Espejo, adscrita a la vicepresidencia, para asegurar la instalación estable de los procesos iniciados con la misión de solidaridad y garantizar la transversalización en la estructura estatal de la política pública de discapacidad. b) Comentarios sobre la situación a nivel regional 94. El Director Ejecutivo del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI) comenzó su comentario sobre la situación regional con un recuento del constructivo aporte de las personas con discapacidad a las negociaciones previas a la elaboración de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Celebró que casi todos los países de la región se hubieran hecho parte en la Convención y que algunos le hubieran dado un carácter constitucional (tales como Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Ecuador). No obstante, lamentó que el protagonismo de las personas con discapacidad en la construcción del tratado internacional no se reflejara en su implementación y que los Estados no hubieran desarrollado el programa de cumplimiento progresivo y sostenible en que se debía convertir esta después de su firma y ratificación. Mencionó, entre otras “sombras”, el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad, el acceso restringido a programas de salud, la educación marcada por la exclusión y la baja calidad, la inclusión laboral ante todo “simbólica” y las limitaciones de la protección social. Deploró a su vez que los movimientos de personas con discapacidad fueran todavía débiles, con una escasa capacidad de propuesta e incidencia política, y que no todos estuvieran centrados en el modelo social y de derechos humanos. Al respecto, recordó el peso histórico de la sociedad civil en la consecución de derechos. Por ejemplo, señaló que los avances logrados en los derechos de la mujer se habían debido a la participación protagónica de los movimientos feministas. 95. Recordó la máxima “sin acción no hay derecho” e instó a los Estados a cumplir las tareas de implementación detalladas en el artículo 4 de la Convención, relativo a las obligaciones generales, lo que implicaba a su vez integrar un enfoque de derechos humanos en todo su quehacer, fuese en el ámbito legislativo, ejecutivo o judicial. También entrañaba promover la participación política y social de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de sus organizaciones, como se recomendaba en el artículo 29. Explicó que las organizaciones y las personas con discapacidad debían establecer alianzas con plataformas comunes. En ese sentido, las familias organizadas debían tener un papel muy activo en la promoción de los derechos de sus hijos y ser aliadas en procesos de influencia política y vigilancia de los derechos de las personas con discapacidad. Al concluir, solicitó a la OEA que velara por que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad se ajustara a los preceptos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo con relación al fortalecimiento de la capacidad jurídica. Hizo también hincapié en la oportunidad que ofrecía la construcción de la agenda para el desarrollo después de 2015 en cuanto a permitir que las personas con discapacidad influyeran en los planes de desarrollo y cumplir con lo estipulado en el artículo 32 de la Convención, referente a la cooperación internacional. 96. La especialista del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA organizó su comentario en torno a los progresos y dificultades reportados en los primeros informes de cumplimiento de la Convención Interamericana que se presentaron a la Asamblea General de la OEA en 2010. Estos documentos servirían como marco de referencia para el análisis de los segundos informes de cumplimiento, que se encontraban en proceso de elaboración y cuyos resultados deberían estar disponibles en 2014. En cuanto a las dificultades comunes a todos los países, enumeró los temas siguientes: i) baja difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en general; ii) insuficiente capacitación de los funcionarios del gobierno sobre el tema; iii) persistencia del modelo

31 médico de rehabilitación en lugar del modelo de los derechos humanos en el área de la salud; iv) vacíos en el alcance de los servicios básicos que prestaban los gobiernos a las poblaciones de las localidades más remotas; v) escasez de campañas de concientización que promovieran un cambio cultural en la percepción del potencial de las personas con discapacidad; vi) persistencia de las barreras arquitectónicas que constituían contravenciones del derecho al libre tránsito; vii) falta de difusión de la Convención internacional y la Convención Interamericana, más allá de la comunidad de personas con discapacidad; viii) contradicciones en el análisis de los datos estadísticos disponibles; ix) ausencia de planes de acción o políticas públicas nacionales; x) falta de asignaciones suficientes para los consejos nacionales de discapacidad en los presupuestos nacionales, y xi) obstáculos a la participación política, por ejemplo, en el caso de los procesos electorales poco accesibles. 97. La especialista de la OEA también resaltó prácticas institucionales positivas que se contraponían a esos obstáculos. Destacó al respecto: i) las leyes nacionales específicas de discapacidad de Chile, Costa Rica, Haití, México, Nicaragua y el Uruguay; ii) la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Nicaragua y de unidades administrativas de inserción laboral en el seno de los ministerios de trabajo de la Argentina, México y Panamá; iii) la inclusión de una perspectiva de discapacidad en el presupuesto de México y la creación en el Uruguay de un fondo rotatorio para el desarrollo de proyectos presentados por organizaciones de personas con discapacidad; iv) la reciente elaboración en México de un simulacro de procesos electorales accesibles; v) los planes de educación inclusiva y atención a la discapacidad de Panamá y la República Dominicana; vi) los avances en el levantamiento de estadísticas y datos en el Brasil y Chile, con una mención especial sobre la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad (PENDIS) de 2006 en Panamá; vii) la campaña masiva de concientización social de la República Dominicana a través de la radio y la televisión, y viii) el programa de rehabilitación basada en la comunidad en el Uruguay. 98. En cuanto a los problemas de accesibilidad, destacó la promulgación en Colombia del Decreto 1538 para reglamentar las condiciones básicas de accesibilidad en espacios públicos y viviendas, el inicio de la primera fase de la modalidad de transporte público cien por ciento accesible en una municipalidad de Guatemala, el Plan Nacional de Accesibilidad Universal de Panamá y la Ley 17.497 de accesibilidad en edificios del Uruguay. En materia de certificación de la discapacidad, mencionó el ejemplo de los gobiernos de la Argentina, Nicaragua y el Uruguay, que entregaban certificados de acceso a los servicios de salud y ofrecían transporte público gratuito a las personas afectadas. 99. Por último, hicieron uso de la palabra representantes de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), CORFAUSAM y Bioscorpore, que insistieron en la vital importancia del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de la participación ciudadana y comunitaria de las personas con discapacidad en todos los procesos políticos y sociales. Alertaron sobre la presencia de otras formas de exclusión que surgían de las acciones a favor de las personas con discapacidad y se construían sobre la base de una exposición exagerada de su situación y condiciones. Denunciaron al respecto que esta aparente visibilidad no implicaba tratar a las personas con discapacidad como sujetos políticos de derechos, sino más bien como objetos estratégicos de las políticas económicas. Panel 7: Prioridades estratégicas de la agenda regional 100. En este panel hicieron uso de la palabra Martín Hopenhayn, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL; María Elisa Bernal, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social; María Verónica Reina, Directora Ejecutiva de la Alianza Mundial para la Discapacidad y el Desarrollo; Carolina Cuevas, de la Fundación Saldarriaga Concha (Colombia); Pamela Molina, Gerente de Proyectos

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iniciativas del Gobierno del Ecuador y del Vicepresid<strong>en</strong>te L<strong>en</strong>ín Mor<strong>en</strong>o se articulaban de manera<br />

sost<strong>en</strong>ible <strong>en</strong> el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional para el Bu<strong>en</strong> Vivir. Aprovechó la<br />

oportunidad para anunciar la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidades Manuela Espejo,<br />

adscrita a la vicepresid<strong>en</strong>cia, para asegurar la instalación estable de los procesos iniciados con la misión de<br />

solidaridad y garantizar la transversalización <strong>en</strong> la estructura estatal de la política pública de discapacidad.<br />

b) Com<strong>en</strong>tarios sobre la situación a nivel regional<br />

94. El Director Ejecutivo del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo<br />

(IIDI) com<strong>en</strong>zó su com<strong>en</strong>tario sobre la situación regional con un recu<strong>en</strong>to del constructivo aporte de las<br />

personas con discapacidad a las negociaciones previas a la elaboración de la Conv<strong>en</strong>ción sobre los<br />

derechos de las personas con discapacidad. Celebró que casi todos los países de la región se hubieran<br />

hecho parte <strong>en</strong> la Conv<strong>en</strong>ción y que algunos le hubieran dado un carácter constitucional (tales como<br />

Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Ecuador). No obstante, lam<strong>en</strong>tó que el protagonismo de las<br />

personas con discapacidad <strong>en</strong> la construcción del tratado internacional no se reflejara <strong>en</strong> su<br />

implem<strong>en</strong>tación y que los Estados no hubieran desarrollado el programa de cumplimi<strong>en</strong>to progresivo y<br />

sost<strong>en</strong>ible <strong>en</strong> que se debía convertir esta después de su firma y ratificación. M<strong>en</strong>cionó, <strong>en</strong>tre otras<br />

“sombras”, el círculo vicioso <strong>en</strong>tre pobreza y discapacidad, el acceso restringido a programas de salud, la<br />

educación marcada por la exclusión y la baja calidad, la inclusión laboral ante todo “simbólica” y las<br />

limitaciones de la protección social. Deploró a su vez que los movimi<strong>en</strong>tos de personas con discapacidad<br />

fueran todavía débiles, con una escasa capacidad de propuesta e incid<strong>en</strong>cia política, y que no todos<br />

estuvieran c<strong>en</strong>trados <strong>en</strong> el modelo social y de derechos humanos. Al respecto, recordó el peso histórico de<br />

la sociedad civil <strong>en</strong> la consecución de derechos. Por ejemplo, señaló que los avances logrados <strong>en</strong> los<br />

derechos de la mujer se habían debido a la participación protagónica de los movimi<strong>en</strong>tos feministas.<br />

95. Recordó la máxima “sin acción no hay derecho” e instó a los Estados a cumplir las tareas de<br />

implem<strong>en</strong>tación detalladas <strong>en</strong> el artículo 4 de la Conv<strong>en</strong>ción, relativo a las obligaciones g<strong>en</strong>erales, lo que<br />

implicaba a su vez integrar un <strong>en</strong>foque de derechos humanos <strong>en</strong> todo su quehacer, fuese <strong>en</strong> el ámbito<br />

legislativo, ejecutivo o judicial. También <strong>en</strong>trañaba promover la participación política y social de las<br />

personas con discapacidad y el fortalecimi<strong>en</strong>to de sus organizaciones, como se recom<strong>en</strong>daba <strong>en</strong> el artículo<br />

29. Explicó que las organizaciones y las personas con discapacidad debían establecer alianzas con<br />

plataformas comunes. En ese s<strong>en</strong>tido, las familias organizadas debían t<strong>en</strong>er un papel muy activo <strong>en</strong> la<br />

promoción de los derechos de sus hijos y ser aliadas <strong>en</strong> procesos de influ<strong>en</strong>cia política y vigilancia de los<br />

derechos de las personas con discapacidad. Al concluir, solicitó a la OEA que velara por que la<br />

Conv<strong>en</strong>ción Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las<br />

Personas con Discapacidad se ajustara a los preceptos de la Conv<strong>en</strong>ción sobre los derechos de las<br />

personas con discapacidad, sobre todo con relación al fortalecimi<strong>en</strong>to de la capacidad jurídica. Hizo<br />

también hincapié <strong>en</strong> la oportunidad que ofrecía la construcción de la ag<strong>en</strong>da para el desarrollo después de<br />

2015 <strong>en</strong> cuanto a permitir que las personas con discapacidad influyeran <strong>en</strong> los planes de desarrollo y<br />

cumplir con lo estipulado <strong>en</strong> el artículo 32 de la Conv<strong>en</strong>ción, refer<strong>en</strong>te a la cooperación internacional.<br />

96. La especialista del Departam<strong>en</strong>to de Desarrollo Social y Empleo de la OEA organizó su<br />

com<strong>en</strong>tario <strong>en</strong> torno a los progresos y dificultades reportados <strong>en</strong> los primeros informes de cumplimi<strong>en</strong>to<br />

de la Conv<strong>en</strong>ción Interamericana que se pres<strong>en</strong>taron a la Asamblea G<strong>en</strong>eral de la OEA <strong>en</strong> 2010. Estos<br />

docum<strong>en</strong>tos servirían como marco de refer<strong>en</strong>cia para el análisis de los segundos informes de<br />

cumplimi<strong>en</strong>to, que se <strong>en</strong>contraban <strong>en</strong> proceso de elaboración y cuyos resultados deberían estar<br />

disponibles <strong>en</strong> 2014. En cuanto a las dificultades comunes a todos los países, <strong>en</strong>umeró los temas<br />

sigui<strong>en</strong>tes: i) baja difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral;<br />

ii) insufici<strong>en</strong>te capacitación de los funcionarios del gobierno sobre el tema; iii) persist<strong>en</strong>cia del modelo

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