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iniciativas de los tres poderes de gobierno, consolidar un sistema nacional de información sobre el
número de personas con discapacidad y los servicios de que disponían, y propiciar la armonización de las
leyes mexicanas con lo dispuesto en la Convención a fin de garantizar el pleno goce de sus derechos.
92. La asesora de la Dirección Nacional General de la SENADIS de Panamá se refirió a los
antecedentes legislativos en el tema de discapacidad y a la creación de esa secretaría. La SENADIS nació
en 2007 en respuesta a la demanda del movimiento de organizaciones de personas con discapacidad y sus
familias, como entidad autónoma del Estado con personería jurídica, autonomía en su régimen interno y
patrimonio propio. Tenía la finalidad de promover una sociedad inclusiva y solidaria por medio de un
cambio de actitud, el respeto a los derechos humanos y la equiparación de oportunidades. La oradora
describió los mecanismos de articulación de la política de inclusión social en la estructura estatal, a nivel
político, operativo y ejecutor, con la presencia de oficinas en todas las provincias del país. A nivel
político, destacó el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS), instancia de participación
democrática conformada por una representación de todas las instituciones públicas, privadas y de la
sociedad civil organizada, vinculadas directamente al tema de la discapacidad. El Consejo estaba
presidido por el Presidente de la República y estaba compuesto por un conjunto de comisiones de trabajo
sobre salud y seguridad social, asuntos laborales, economía, derechos humanos y legislación, cultura,
actividad física y deporte, turismo y accesibilidad al medio físico y a la información. La asesora subrayó
que, a pesar de los grandes avances, persistían varios obstáculos, como la baja jerarquía de las oficinas de
equiparación de oportunidades, cuyas decisiones no llegaban a las autoridades superiores, además de la
falta de presupuestos y de datos estadísticos actualizados. En cuanto a deudas pendientes, informó que se
preparaba la realización de una segunda encuesta de discapacidad a nivel nacional para 2014 y que se
estaba trabajando en el proceso de implementación de la valoración y certificación de la discapacidad,
sobre la base de los parámetros establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF). Esto permitiría a quienes ingresaran en el sistema tener acceso a las
medidas de equiparación de oportunidades que preveía la ley panameña, además de generar la
información necesaria para mejorar la creación, implementación e impacto de políticas, planes y
proyectos que contribuyeran a una mayor y más efectiva inclusión social de esta población.
93. El Secretario General de la Vicepresidencia del Ecuador reseñó la normativa legal en vigor en su
país junto con las medidas de fortalecimiento institucional implementadas por el gobierno. Entre estas
figuraban la declaración presidencial de la prevención de la discapacidad como política de Estado y la
inclusión en la Constitución de 2008 de las recomendaciones de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad. A continuación, presentó información sobre el desarrollo a partir de 2009 de la
Misión Solidaria Manuela Espejo y del estudio nacional biopsicosocial y clínico-genético de las personas
con discapacidad, que permitió por primera vez llegar a cada una de ellas por medio de la geolocalización.
Este proceso contribuyó a la generación de un círculo virtuoso de estudio-atención-prevención-inclusiónestudio,
además de un conjunto de beneficios económicos y sociales que iban desde un bono por las
personas cuidadoras, la concesión de ayudas técnicas y actividades de prevención y tamizado, hasta
grandes logros en materia de inclusión educativa, laboral y cultural. Las actividades de la Misión Solidaria
culminaron a su vez con la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y en la
construcción participativa de la Ley Orgánica de Discapacidades de 2012, única ley en la historia del país
que fue aprobada por unanimidad. Subrayó que este proceso se había desarrollado con la participación de
15 ministerios, otras 15 instituciones, organizaciones de las personas con discapacidad y el Consejo
Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS). Al concluir, hizo hincapié en el papel clave de la
voluntad política, el apoyo económico, una estrategia de investigación y acción para generar una respuesta
sectorial integral basada en la evidencia, la recolección y armonización de información sobre el impacto de
la discapacidad en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, y el desarrollo de procesos de
sensibilización. En la sesión de preguntas después de su exposición, explicó con mayor detalle cómo las