Informe completo en formato Pdf - Cepal

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Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, y Mercedes Carrillo, especialista del
Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA.
87. La Líder de Incidencia en políticas públicas de la Fundación Saldarriaga Concha presentó una
propuesta de índice de desarrollo de las capacidades de los actores involucrados en procesos de inclusión
social y de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia con los contenidos
sustanciales de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Destacó la
importancia de definir criterios que permitieran evaluar si la propuesta de políticas, el diseño institucional
y la gestión efectivamente generaban inclusión, al desarrollar la capacidad de las personas y fortalecer una
institucionalidad sostenible. Sin estos criterios sería difícil evaluar si simplemente se utilizaba la imagen
de las personas con discapacidad sin ofrecer una instancia de articulación y coordinación, un plan de
asistencia técnica a las entidades responsables y un sistema de información y monitoreo, además de una
estrategia clara de acompañamiento a las familias y las personas. Otro aspecto fundamental era poder
validar si una política era efectiva y eficiente, o sea, si estaba generando impacto. Propuso el cierre de
brechas como criterio fundamental para evaluar la eficacia de una política de inclusión social. Por
ejemplo, el cierre de las brechas del analfabetismo o el acceso a la enseñanza superior, de cobertura y
calidad de los sistemas de salud o de acceso al mercado laboral. Al respecto, reiteró que la calidad del
diseño institucional era fundamental para lograrlo y que, sin un sistema claro, difícilmente los países
podrían generar una verdadera inclusión.
88. La Directora del SENADIS presentó la evolución de la institucionalidad de la discapacidad en el
país desde la ratificación de la Convención en agosto de 2008. Dicha medida marcó el inicio de un
cambio normativo y el surgimiento de una nuevo paradigma, en que la discapacidad dejaba de ser un tema
de salud y rehabilitación. Comparó en primer lugar los contenidos de la Ley de integración social de las
personas con discapacidad de 1994 y la Ley de inclusión social de 2010, que establecía normas sobre la
igualdad de oportunidad y planteaba por primera vez en la legislación los principios de vida
independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo. Indicó
que la nueva institucionalidad pública sobre discapacidad estaba compuesta por un comité
interministerial, el SENADIS, en su papel de articulador intersectorial y asesor técnico, y un Consejo
consultivo integrado por la propia oradora, cinco representantes de organizaciones de personas con
discapacidad de alcance nacional, un representante del sector empresarial, uno de organizaciones de
trabajadores y dos de instituciones privadas sin fines de lucro constituidas para atender a personas con
discapacidad. A continuación, facilitó más información sobre los aspectos relacionados propiamente con
el fortalecimiento comunitario, que había conducido a: i) la elaboración participativa de una propuesta de
política nacional sobre autonomía e independencia; ii) la construcción de un plan de inclusión en la
primera infancia y atención temprana, y iii) algunas iniciativas específicas de fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluían diálogos interactivos y talleres de liderazgo.
89. La representante del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia se refirió a la Política de
desarrollo integral en la primera infancia por medio de la atención integral dirigida a todos los niños de
Colombia, conformada por tres elementos básicos: i) una mirada integral hacia los niños y las niñas como
sujetos de derechos, seres activos y partícipes de su propio desarrollo; ii) una ruta integral de atención
mediante una red intersectorial que integrara los programas de educación inicial y a la familia como
determinante social, y iii) la calidad de las atenciones ofrecidas por el sistema de salud pública, a cuyo
efecto se habían llevado a cabo distintas investigaciones para poder establecer los criterios adecuados. El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar coordinaba el Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el
conjunto de entidades que pertenecían al sistema de protección social y velaba por el cumplimiento de los
estándares de calidad en la oferta de servicios de educación inicial. Asimismo, se ocupaba de la atención
integral de los niños en el entorno donde se desarrollaban, o sea, el hogar, los centros de salud, las escuelas