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48. En relación con las funciones de la Comisión, el Presidente de la CORFAUSAM preguntó si se
requería el agotamiento de los recursos internos para poder llegar a la CIDH en la búsqueda de justicia.
La Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad explicó que así era, y que
lo mismo sucedía en el caso del Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad. Recalcó al respecto que era muy importante que las personas conocieran cuáles eran los
marcos dentro de los que se podían mover y si existían legislaciones que habilitaran recursos para las
denuncias. Recordó además la interdependencia, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos
y la necesidad de considerar todas sus esferas en la defensa de las personas.
Panel 3: Educación inclusiva
49. En este panel hicieron uso de la palabra Pilar Samaniego, especialista en educación del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Senadora Kerry Ann Ifill,
Presidenta del Senado de Barbados; Diana Patricia Martínez, líder de educación inclusiva de la Fundación
Saldarriaga Concha (Colombia), y Patricia Brogna, coordinadora del Centro de Investigación en Inclusión
para Personas con Discapacidad de la Universidad Tecnológica Santa Catarina (México).
50. La especialista en educación del CERMI abordó el tema del acceso a los servicios educativos en
América Latina con una breve reseña de la normativa internacional sobre educación de las personas con
discapacidad. Constató que esta no alcanzaba resultados efectivos en los países debido a causas
estructurales e institucionales, pues seguía predominando un sistema de educación regular que rechazaba
la diferencia y otro de educación especial cuyo uso de los recursos financieros y humanos impedía el
surgimiento de un sistema educativo inclusivo único, conforme a las recomendaciones de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Expuso ejemplos de algunos países que establecían
de manera más directa las obligaciones del Estado con relación al derecho a la educación de las personas
con discapacidad, pero recalcó que abundaban los marcos legales divergentes, cuando el desafío no era
crear nuevas leyes, sino revisar y armonizar las existentes.
51. Entre los factores de importancia para avanzar en la dirección deseada a nivel nacional, señaló la
generación de una interdependencia positiva con la cooperación internacional y la producción de datos
estadísticos para facilitar información, casi inexistente, sobre la atención directa a la población estudiantil
con discapacidad, junto con aquella que había sido expulsada tanto del sistema regular como del sistema
especial de educación. Con la intención de ofrecer algunas claves para el diseño de políticas públicas
orientadas hacia la inclusión educativa, recomendó, entre otras cosas: i) adoptar un enfoque intersectorial,
de carácter participativo y con indicadores de seguimiento y evaluación; ii) afianzar las sinergias entre
normativa, políticas públicas y presupuesto; iii) erradicar el analfabetismo y promover al mismo tiempo la
capacitación para el empleo y el emprendimiento; iv) mejorar la formación docente y crear redes de
maestros para la inclusión; v) impulsar la detección temprana de discapacidades desde el sistema
educativo; vi) generar espacios de participación de padres y madres de familia en decisiones relativas a la
enseñanza; vii) considerar el acceso a la educación desde una perspectiva que integrara el género, la
interculturalidad, la movilidad humana y la ruralidad, y viii) evaluar el impacto de la educación recibida
sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de la persona con discapacidad en términos de
movilidad social y autonomía.
52. En relación con el acceso a los servicios educativos en el Caribe, la Presidenta del Senado de
Barbados afirmó que la importancia de proporcionar una educación adecuada a las niñas y los niños con
discapacidad se había reconocido públicamente en el Acuerdo de Kingston, firmado por los gobiernos de
la región en 2004. Pese a los esfuerzos de los organismos de gobierno y otras organizaciones, las personas
con discapacidad seguían encontrando obstáculos y discriminación que se interponían al goce de sus