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41. La principal conclusión del Relator, después de analizar el conjunto de contribuciones de los
14 países que respondieron, apuntaba a la importancia de impulsar una estrategia de capacitación integral
que tuviera en cuenta las necesidades ya reconocidas por quienes respondieron al cuestionario, ordenadas
de mayor a menor: i) mayor conocimiento de ambas convenciones y de la normativa en general;
ii) sensibilización y reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad y del modelo social
de la discapacidad; iii) lucha contra los estereotipos negativos, tanto en el ámbito público como privado, a
fin de generar valoración e inclusión de la diversidad; iv) determinación de los mitos y conceptos
erróneos arraigados que rodeaban la discapacidad y a las personas afectadas por ella; v) comprensión de
la accesibilidad de las personas con discapacidad y de las principales prácticas que la hacían efectiva;
vi) definición de las acciones discriminatorias; vii) técnicas de talleres de capacitación laboral;
viii) prevención de las discapacidades, y ix) atención y rehabilitación.
42. Seguidamente, la Gerente de Proyectos de la Iniciativa de Derechos Humanos, Democracia y
Gobernabilidad de la Fundación para las Américas describió la situación en torno al ejercicio de la
capacidad jurídica. Comenzó por el análisis del artículo 12 de la Convención, referente al igual
reconocimiento como persona ante la ley. Prosiguió con la presentación de los resultados de la primera
etapa de un proyecto de la Fundación, centrado en el tema del reconocimiento efectivo de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad psicosocial en seis países de la región (Argentina, Chile,
Colombia, México, Paraguay y Perú). En este caso, su análisis se centró en la información de la sociedad
civil. Los resultados de la investigación documental y de las entrevistas se agruparon en torno a los
aspectos sociodemocráticos y socioculturales de la situación de las personas con discapacidad, los marcos
jurídicos nacionales e internacionales que se aplicaban en el país y las iniciativas implementadas o por
implementar con miras a impulsar la aplicación efectiva del artículo 12. Antes de proseguir, comentó que
se había elegido el colectivo de las personas con discapacidad psicosocial por ser las más invisibilizadas,
sobre todo en el ejercicio de su derecho a la capacidad jurídica. A este respecto, recalcó que, sin
capacidad jurídica, no se podía ejercer ningún otro tipo de derecho humano.
43. El análisis de los resultados produjo cinco ejes principales de conclusiones: i) la persistencia de la
ambigüedad conceptual, la imprecisión estadística y la falta de datos poblacionales, que se traducían en
invisibilidad absoluta del colectivo de personas con discapacidad psicosocial; ii) la estrecha vinculación
que aún existía entre el concepto de discapacidad y el paradigma médico y rehabilitador, puesto que en
muchos países no había una definición de la discapacidad psicosocial; iii) la permanencia de barreras
socioculturales en respuesta a la estigmatización de las personas con discapacidad psicosocial
consideradas como incapaces o peligrosas, lo que todavía permeaba la legislación y contribuía al
mantenimiento de prácticas como la interdicción y la curatela, anulando la posibilidad de la persona de
ejercer y disfrutar plenamente de sus derechos humanos; iv) la familia como arma de doble filo, que podía
ser un punto de apoyo de gran valor o un componente más del sistema de opresión que restringía o
arrebataba los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, y v) las contradicciones y el desfase
entre los marcos legales nacionales y las convenciones y marcos legales internacionales, lo que a su vez
se sustentaba en un desconocimiento generalizado de estos últimos. Si bien esta conclusión apuntaba al
principal desafío que enfrentaban los países que trataban de armonizar la legislación interna con la
internacional, también era necesario impulsar campañas de difusión orientadas a una visión positiva de las
personas con discapacidad psicosocial desde el paradigma de derechos humanos, así como generar el
espacio para darles protagonismo en las transformaciones que buscaban asegurar el ejercicio efectivo de
sus derechos humanos.
44. La Presidenta de la Fundación Paso a Paso abordó la temática del panel desde la perspectiva del
impacto de la discapacidad sobre los derechos de las personas indígenas. Enfatizó que la única manera de
entenderlo era mediante la articulación conjunta de la Convención sobre los derechos de las personas con